La movilización agraria se planta contra la agenda comercial europea
Por Tom Kucharz | 1 de febrero 2024
La movilización agraria se planta contra la agenda comercial europea
Las negociaciones del acuerdo UE-Mercosur, en el punto de mira.
Este jueves, mientras los líderes de la Unión Europea se reunían para debatir sobre el paquete belicista de ayuda militar a Ucrania, los agricultores acudían a Bruselas para llamar la atención sobre la crisis agraria.
Apenas unos minutos después de arrancar el Consejo Europeo, Hungría daba su aprobación al acuerdo para proporcionar 50.000 millones de euros a Ucrania. El rápido consenso se producía después de que un pequeño grupo de dirigentes de la UE persuadiera al primer ministro ultraderechista Victor Orbán para que retirara su veto. La UE ha aprovechado la guerra en Ucrania para aumentar el gasto militar —se ha disparado la industria de material de guerra— y ejecuta su ayuda a Kiev a través del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz (EPF, por sus siglas en inglés), un programa fuera del presupuesto comunitario y cuya dotación el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, propone incrementar en 5.000 millones de euros.
En las últimas semanas, miles de agricultoras y agricultores han protestado contra las fracasadas políticas agrarias que la Unión Europea lleva décadas imponiendo. En Francia, el sector tiene capacidad de movilización. Cientos de tractores han bloqueado varios puntos de entrada a París, y se han realizado cortes de tráfico en por lo menos 30 departamentos y 16 autopistas. Además, sus protestas gozan de un amplio apoyo entre la población.
Ahora, muchos han venido a Bruselas para denunciar los insuficientes ingresos por los alimentos producidos. La Coordinación Europea de La Vía Campesina pide, entre otras cosas, “detener inmediatamente los acuerdos de libre comercio”. Las “políticas neoliberales del bloque son responsables en su inmensa mayoría de la angustia de los agricultores”, argumentan. Otros factores contra los que se manifiestan son el poder y la especulación de la agroindustria y la gran distribución, así como las normas de la Organización Mundial de Comercio, que generan competencia desleal y malas condiciones de trabajo.
Muchas organizaciones ecologistas, sociales y en defensa de la justicia global, como la Coalición Europea por la Justicia Comercial (ETJC), en la que participa Ecologistas en Acción, comparten la frustración de los agricultores europeos por tener que competir con productos importados que, además de tirar los precios por debajo del coste de producción en Europa, afectan muy negativamente a la vida del campesinado de los países productores, donde grandes empresas agrarias usan trabajo esclavo e infantil o fumigan con agrotóxicos a las comunidades adyacentes.
Mientras el presidente francés, Emmanuel Macron, pidió a la Comisión Europea que detuviera las negociaciones UE-Mercosur, estos colectivos refuerzan el llamamiento para poner fin al acuerdo y detener otros tratados en curso.
“Las crisis climática, la precariedad laboral y las desigualdades a las que nos enfrentamos no pueden resolverse con más acuerdos comerciales anticuados e injustos, negociados a puerta cerrada. Necesitamos un giro de 180 grados en la política comercial y poner al planeta y a las personas en el centro. El único llamamiento razonable es que más países se unan a Francia en su exigencia de poner fin a este desastroso acuerdo”, subraya Leah Sullivan, coordinadora de la ETJC.
El movimiento francés marca el camino
En calzoncillos y semidesnudos; así ocuparon un supermercado el pasado sábado por la mañana activistas de la Confédération Paysanne para denunciar los márgenes abusivos a costa de productores y consumidores. Al grito “¡Nos están desplumando, estamos desnudos!”, reivindicaron unos ingresos dignos.
Tanto en Bélgica como en Francia, los agricultores han bloqueado los centros de distribución de supermercados de descuento como Colruyt, en Halle, cerca de Bruselas, o la cadena alemana de bajo coste Aldi en el sur de Francia. Tomemos el ejemplo de la leche: en 20 años, las ganaderas y los ganaderos franceses recibieron un 4% menos por cada litro. Mientras, la gran distribución y la industria alimentaria incrementaron sus ganacias un 188% y 64%, respectivamente.
Las protestas de las agricultoras y los agricultores franceses también se dirigen contra los acuerdos de comercio negociados por la UE. Por esta razón, el parlamento y el Gobierno de Francia se oponen desde hace tiempo al acuerdo que la UE lleva negociando desde 1999 con el bloque del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y, recientemente, Bolivia).
Si se aplica, el acuerdo UE-Mercosur creará más competencia desleal entre los agricultores europeos y sudamericanos, reforzará tanto la intensificación de los monocultivos —como soja y maíz— como la ganadería industrial y los modelos extractivos en Sudamérica, e intensificará la deforestación, el uso de pesticidas y las violaciones de los derechos humanos. Estos problemas son inherentes al acuerdo y no pueden solucionarse con métodos de lavado verde, como propone la Comisión Europea.
La Confédération Paysanne hizo un llamamiento a los otros sindicatos para enviar un mensaje común: para garantizar el futuro de las explotaciones, se necesita el cese de los acuerdos comerciales y la prohibición de la compra de productos agrícolas por debajo de su precio de coste. “Los acuerdos de libre comercio son los causantes de la falta de ingresos dignos para las personas productoras de los alimento”, opinan también Amets Ladislao González (Etxalde) y Unzalu Salterain Basagutxibeaskoa (EHNE Bizkaia) en una tribuna en la agencia vasca Naiz.
La telenovela UE-Mercosur
Con el fin de calmar la cólera del sector, el Ejecutivo francés se apresuró a anunciar paquetes de medidas urgentes. Durante su discurso en la Asamblea Nacional, el 26 de enero, el nuevo primer ministro francés, Gabriel Attal, también prometió a los agricultores que no habrá acuerdo comercial de la UE con el Mercosur. El presidente francés Macron dijo en Suecia que había contactado a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, para solicitar que se pusiera fin a las negociaciones y que las quejas de los agricultores fueran discutidas en el Consejo Europeo extraordinario.
Pero la lista de deseos de Macron, que incluye limitar las importaciones de aves de corral y cereales procedentes de Ucrania, también contiene propuestas negativas como una exención a las normas de la UE que obligan a reservar parte de las tierras cultivables para proteger la biodiversidad.
El lunes, 29 de enero, un asesor de Macron llegó a proclamar que Bruselas había “puesto fin” a las conversaciones sobre el acuerdo comercial largamente negociado por el bloque con el bloque de países sudamericanos del Mercosur. “Tenemos entendido que [la Comisión Europea] ha dado instrucciones a sus negociadores para que pongan fin a las sesiones de negociación que estaban en curso en Brasil, y en particular a la visita que había previsto el vicepresidente de la Comisión en caso de conclusión”, dijo el funcionario del Elíseo a la prensa durante una sesión informativa telefónica.
Sin embargo, la Comisión Europea enseguida desmintió a Macron afirmando que los técnicos de la UE y el Mercosur seguían negociando, incluidas las últimas reuniones celebradas los días 25 y 26 de enero en Brasil, aunque reconoció que algunas cuestiones importantes seguían “abiertas”.
El 30 de enero, Eric Mamer indicó: “Las discusiones continúan y la UE sigue persiguiendo su objetivo de alcanzar un acuerdo” pero “por el momento, la evaluación de la Comisión es que no se cumplen las condiciones para concluir las negociaciones con Mercosur”, agregó el portavoz de la Comisión Europa en la rueda de prensa diaria de la institución. Fur algo corroborado también por Michael Hager, jefe de gabinete del Comisario de Comercio de la UE, Valdis Dombrovskis, en un acto en BBruselas.
Macron ya había hecho una maniobra similar en junio de 2020. Ante la Convención Ciudadana sobre el Clima, anunció que “detuvo en seco” las negociaciones UE-Mercosur. Luego se supo que no fue así. Las negociaciones siguieron y el Ejecutivo comunitario completó la revisión jurídica del texto e inició la fase de traducción.
En cualquier caso, el “sabotaje” es incómodo para Bruselas, ya que los principales negociadores de la UE y el Mercosur acababan de llegar a un acuerdo provisional sobre las disposiciones de contratación pública del pacto comercial, según dos diplomáticos del bloque sudamericano. El sector sanitario del Mercosur iba a quedar exento de las disposiciones sobre contratación pública, lo que significa que no tendría que competir con las empresas de la UE, dijeron los diplomáticos a Politico sobre las negociaciones a puerta cerrada.
Más amenazas al acuerdo UE-Mercosur
También el ministro de Agricultura valón, Willy Borsus, declaró que “el rechazo a la parte agrícola del acuerdo UE-Mercosur forma parte de la respuesta a la protesta de los agricultores”.
El ministro francés de Economía y Hacienda, Bruno Le Maire, redobló la presión de su país sobre la Comisión Europea para que detenga las conversaciones. “Créanme, cuando Francia quiere algo en Europa, tiene suficiente influencia para imponerlo”, dijo durante una entrevista televisada con CNEWS.
Más tarde, el negociador jefe de Bruselas, Rupert Schlegelmilch, contraatacó con un mensaje en X haciéndose eco de un tuit de Ralf Fuecks, político alemán de Los Verdes, en el que argumentaba que “con cada acuerdo de libre comercio bloqueado, la UE deriva hacia la irrelevancia global y abre nuevos espacios para la política de influencia de China”. El veredicto de Schlegelmilch: “Correcto. Por eso continúan las negociaciones”.
“Todo acuerdo que no se concluye refuerza a los demás y nos debilita a nosotros”, se lamentaba también Hildegard Müller, directora de la Asociación Alemana de la Industria del Automóvil (VDA), quien propone dividir el acuerdo comercial UE-Mercosur en dos partes diferenciadas para sortear la resistencia francesa r impulsar otros mercados de exportación.
Los jefes negociadores de la UE y el Mercosur tienen previsto reunirse de nuevo el 15 de febrero.
Acuerdos con Chile y Nueva Zelanda
Los sindicatos agrarios franceses también han denunciado el reciente tratado comercial de la UE con Nueva Zelanda, aprobado en noviembre 2023 o con Chile, firmado el 13 de diciembre y pendiente de ratificación por el Parlamento Europeo en la semana del 26 de febrero. Ambos prevean importaciones de mercancías agrarias que perfectamente se pueden producir localmente sin derrochar la energía y emitir las emisiones de gases de efecto invernadero para transportarlos hasta Europa.
El acuerdo UE-Nueva Zelanda, apoyado también por el Gobierno español, permite por ejemplo las importaciones de patatas, cebollas, vino, pescado, marisco y miel sin límite, asícomo cuotas de carne de ovino ( 38.000 t) y vacuno (10.000 t), mantequilla (15.000 t), queso (25.000 t) y leche en polvo (15.000 t).
Llevamos años explicando que los acuerdos comerciales de la UE son anacrónicos y sacrificarán el mundo agrícola para exportar más coches, maquinara, fármacos y productos químicos de la industria europea. Los tratados comerciales desmantelan la protección social y ambiental, hunden económicamente al campesinado en todo el mundo así como contribuyen a la deforestación, la pérdida de biodiversidad y el cambio climático. Todo en beneficio de las multinacionales del agro tales como Bayer-Monsanto, BASF, Bunge, Cargill, Dow, DuPont o ChemChina-Syngenta.
Por eso, “detener” las negociaciones UE-Mercosur no sería suficiente en la actual situación de competencia feroz de la agroindustria. Habría que revisar los acuerdos en vigor, tales como el acuerdo UE-Canadá (CETA), que promueve la importación masiva de lentejas tratados con agrotóxicos peligrosos; UE-Japón y UE-Vietnam, así como impedir la ratificación de los acuerdos con Nueva Zelanda, Chile y Kenia.
Los grupos ecologistas niegan ser los enemigos
Aunque las medidas ambientales para reducir el uso de plaguicidas y frenar la crisis climática forman parte de la lista de quejas de los agricultores, más de 50 grupos ecologistas y sociales de Francia han emitido una declaración conjunta en la que afirman que “se niegan a ser etiquetados como enemigos”.
Las ONG medioambientales, de bienestar animal y de justicia comercial también denuncian los actuales discursos populistas que pretenden culpar a las legislaciones ambientales y progresistas del malestar de los agricultores.
“Desde los inicios del movimiento ecologista, siempre nos hemos movilizado con determinación en torno a la cuestión del modelo agrícola y de las condiciones de trabajo y de vida de los agricultores. Porque sabemos que la agricultura tiene un enorme impacto en el medio ambiente: la calidad de la tierra, el aire, el agua, lo que comemos y, por supuesto, el clima dependen de lo que cultivamos y criamos y de cómo lo hacemos”, dice la tribuna firmada por grupos como Amigos de la Tierra, Attac, Greenpeace, Extinction Rebellion, Les Soulèvements de la Terre o Union syndicale Solidaires.
“Las normas medioambientales no deben atacarse indiscriminadamente, sino que deben financiarse de forma que se mantengan los ingresos y se compatibilice su aplicación con las prácticas agrarias”, se puede leer además en el texto.
La declaración añade que los grupos ecologistas llevan mucho tiempo proponiendo y apoyando políticas que ayuden a los agricultores: "Siempre hemos sido aliados de los agricultores. Y contrariamente a la propaganda gubernamental y a la retórica autoritaria que atiza el odio entre nosotros para lucrarse con nuestras vidas, seguiremos siendo sus aliados, porque es una cuestión de supervivencia”.
“Nos negamos a que los industriales propietarios de miles de hectáreas, el Gobierno o incluso los editorialistas de Cnews, sentados al calor de sus despachos parisinos, nos traten como la causa de la crisis que sufre el mundo agrícola desde hace tanto tiempo”, sostiene la misiva suscrita también por varios voces de movimientos sociales franceses.
En España, las asociaciones agrarias también han reclamado la paralización de las negociaciones de acuerdos comerciales que tiene en marcha la UE, como los que se negocia con el bloque del Mercosur, México, India y Australia así como la no ratificación del acuerdo con Nueva Zelanda, Chile y Kenia.
Ello puede contribuir a situar las políticas comerciales en el centro del debate público de la crisis del mundo rural. El campesinado necesita precios justos y estables para producir alimentos más respetuosos con el medio ambiente y el bienestar animal. Para llevar a cabo con éxito la transición hacia sistemas agroecológicos y alcanzar la soberanía alimentaria, debemos desobedecer las reglas comerciales neoliberales y reformar la Política Agrícola Común.
