Las políticas de la UE en la Transición Energética: Entre la neutralidad climática y el nuevo colonialismo
Por Lucía Vicente para TNI | 25 de enero 2024
Las políticas de la UE en la Transición Energética: Entre la neutralidad climática y el nuevo colonialismo
El proyecto de la Unión Europea para alcanzar la neutralidad climática para 2050 ha demostrado ser un reto para los países que producen las materias primas indispensables para esta transición. En el más reciente informe, “The Raw Materials Rush”, las investigadoras Lucía Bárcena, Luciana Ghiotto y Bettina Müller analizan los marcos regulatorios que la UE promueve para asegurar su acceso a estos minerales, y cómo dichos acuerdos promueven la intensificación del extractivismo e ignoran los altos costos socioambientales de estas actividades.
La creciente evidencia de la crisis climática ha consolidado el consenso de la urgencia de implementar medidas para enfrentarla. Una de las prioridades está en alcanzar la descarbonización de la economía, es decir, sustituir las fuentes de energía basadas en combustibles fósiles por alternativas más sostenibles, como la energía solar y la fotovoltaica.
El desarrollo de energías renovables está intrínsecamente vinculado a la disponibilidad de metales como el litio, el cobalto o el níquel, entre otros, que se encuentran principalmente en China y en países del sur Global. La obtención de estas materias primas críticas, esenciales para impulsar la transición energética, es uno de los elementos cruciales dentro de los compromisos establecidos en el “Green Deal” (Pacto verde) impulsado por la Unión Europea. Una iniciativa política que busca alcanzar la neutralidad climática para el año 2050 y así reducir a cero las emisiones netas de gases de efecto invernadero.
En ese sentido, cabe aclarar que la Unión Europea se encuentra en una posición de alta dependencia respecto a las importaciones de estos metales, ya que consume entre el 25% y el 33% de los metales producidos en el mundo, a pesar de representar solo el 6% de la población mundial. Además, para la mayoría de los metales, la UE depende en un rango del 75% al 100% de las importaciones. En el informe “The Raw Materials Rush” se analiza de manera crítica los marcos regulatorios que la Unión Europea está promoviendo para asegurar el suministro de aquellas materias primas críticas que poseen los países no miembros, en aras de llevar a cabo la transición hacia fuentes de energía más sostenibles.
Los acuerdos propuestos por la Unión Europea para “ecologizar la economía” constan principalmente de asociaciones estratégicas sobre materias primas y tratados de libre comercio con capítulos de Energía y Materias Primas. Estas regulaciones se enmarcan en la Ley de Materias Primas Críticas (CRMA por su sigla en inglés), que busca garantizar el “suministro seguro, diversificado, asequible y sostenible” de materias primas críticas (MPC) para Europa. En un contexto donde la demanda se ha incrementado por los procesos de descarbonización de las economías, garantizar el suministro y evitar las interrupciones es prioritario.
Si bien estos acuerdos se promueven como beneficiosos para todas las partes, ya que la UE recibe las materias primas y ayudan a crear capacidades de transformación en los países del sur Global, ¿es posible obtener beneficios mutuos con países tan asimétricos? Si bien los capítulos de energía y materias primas de los acuerdos de libre comercio implementados por la UE con países como México, Chile y Nueva Zelanda establecen el libre flujo de materias primas y eliminan las restricciones a la exportación. En la práctica, sin embargo, estas regulaciones limitan las capacidades de los Estados de regular qué hacer con sus materias primas.
Un caso que ejemplifica estas limitaciones es el de Indonesia, un país que cuenta con las mayores reservas de níquel del mundo, un metal requerido para la fabricación de baterías para vehículos eléctricos. Contemplando este factor, el gobierno de Indonesia ha tomado una serie de medidas para prohibir la exportación de la materia prima y, en su reemplazo, exportar productos competitivos. Estas medidas fueron cuestionadas por las empresas mineras, que interpusieron demandas mediante el mecanismo de solución de controversias inversor-Estado (ISDS por su sigla en inglés), que se encuentra presente en muchos acuerdos de inversión. En respuesta a la prohibición de exportar níquel y la obligatoriedad de la fabricación interna impuestas por Indonesia, la Unión Europea llevó este caso a la Organización Mundial del Comercio (OMC) en el año 2019. Allí argumentaron que estas medidas eran incompatibles con las normativas de la organización. Aunque la OMC falló a favor de la UE en ese entonces, Indonesia persiste en su política y presentó una apelación en el año 2022 para defender su posición.
Este caso pone en evidencia cómo las regulaciones en cuestión promueven disposiciones que deterioran la soberanía de los Estados y limitan las posibilidades de industrialización de los países del sur Global. Otro punto no menos importante tiene que ver con los derechos humanos, dado que la mayoría de las reservas de materias primas están ubicadas en territorios indígenas. Asimismo, los proyectos asociados a menudo enfrentan denuncias por violaciones a los derechos humanos. Según el Centro de Recursos sobre Empresas y Derechos Humanos, se han documentado 550 denuncias relacionadas directamente con la extracción de minerales en el marco de la "transición verde", especialmente en México así como en territorios de América Central y del Sur.
El informe “The Raw Materials Rush” nos invita a reflexionar sobre el alcance real de las disposiciones y regulaciones propuestas por la Unión Europea en su búsqueda de una transición energética. Estas políticas no ofrecen soluciones integrales; más bien, perpetúan un modelo que obstaculiza la industrialización de los países del sur Global, relegándolos a la función de exportadores de materias primas. Esta dinámica genera una peligrosa dependencia y resucita patrones colonialistas. En los territorios del sur Global observamos cómo el extractivismo se intensifica para satisfacer la demanda de recursos necesarios para sostener el consumo en la UE, desplazando los costos socioambientales. En ese marco, estas iniciativas no dan respuesta a las raíces de la crisis climática ni reconsideran los patrones de consumo que la profundizan. Es crucial, por lo tanto, examinar críticamente estas regulaciones para asegurar que la transición energética sea no solo ambientalmente sostenible, sino también justa socialmente.
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Notas
CLACSO. (s.f.). Poder corporativo, Estado y luchas sociales. Disponible en: https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/bitstream/CLACSO/249280/1/Poder-corporativo-N1.pdf(enlace externo)
Green Deal: https://www.consilium.europa.eu/es/policies/green-deal/(enlace externo)
