Los acuerdos comerciales de la UE ponen en peligro la transición a las renovables
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TNI | 9 diciembre 2015
Los acuerdos comerciales de la UE ponen en peligro la transición a las renovables
Los derechos especiales para las grandes empresas propuestos en los acuerdos comerciales de la UE impiden la transición energética necesaria para luchar contra el cambio climático, según se desprende de un nuevo informe publicado hoy. [1] “Un paraíso para los contaminadores – Cómo los derechos de los inversores en los acuerdos comerciales de la UE sabotean la lucha por la transición energética” demuestra cómo proyectos de tratados comerciales como el TTIP [2] y el CETA [3] contribuirían a consolidar una carta global de derechos corporativos que obstaculizarán las iniciativas para abordar el calentamiento global.
Tras explicar las peligrosas disposiciones sobre la solución de controversias inversor-Estado (ISDS, por sus siglas en inglés) que contemplan los acuerdos de comercio e inversión y la consiguiente facultad que se otorga a las empresas para demandar a los Gobiernos ante tribunales especiales por cualquier política que influya en sus ganancias, el informe pone de relieve cómo el ISDS podría desalentar futuras políticas públicas a favor del clima.
Según el informe, el 35 por ciento de todas las demandas conocidas inversor-Estado están relacionadas con el petróleo, la minería, el gas y la electricidad, y el número de demandas dirigidas contra iniciativas estatales en el sector de la energía no deja de aumentar. Desde el abandono gradual de la energía nuclear en Alemania [4] a la moratoria sobre el fracking en la provincia canadiense de Quebec, [5] las grandes empresas están utilizando las sesgadas reglas del ISDS para cuestionar prácticamente cualquier intento de los Gobiernos para aplicar políticas energéticas progresistas.
El informe también detalla cómo ciertos bufetes de abogados que ganan dinero cuando los inversores demandan a los Estados están animando a las multinacionales a interponer demandas relacionadas con medidas de energía verde, como objetivos de energías renovables e impuestos sobre los combustibles fósiles. Abogados especializados en inversiones también han advertido a las empresas de que el arbitraje es un foro para impugnar el rechazo de proyectos de energías sucias como el controvertido oleoducto Keystone XL entre Canadá y los Estados Unidos, descartado recientemente por el presidente Obama por motivos ambientales.
”En este momento, cuando los Gobiernos deberían poner todos sus esfuerzos en combatir el cambio climático, es descabellado que sigan considerando firmar acuerdos de protección de inversiones como el TTIP y el CETA, que permiten a las grandes transnacionales de combustibles fósiles demandar a los Gobiernos por miles de millones de euros, y así saquear las arcas públicas, cuando estos implementan medidas que buscan una transición hacia energías renovables”, señala Cecilia Olivet, del Transnational Institute.
Aunque últimamente la comisaria de Comercio de la UE, Cecilia Malmström, ha estado hablando de reforma, el ISDS sigue estando tan vivo y siendo tan peligroso como siempre”, comenta Pia Eberhardt, del observatorio Corporate Europe Observatory. “Entregar este cheque en blanco para que los principales responsables del cambio climático puedan demandar a los países que están actuando para evitar los efectos catastróficos de este representa un verdadero escándalo. Si queremos tener alguna posibilidad de prevenir unos niveles extremadamente peligrosos de calentamiento global, debemos poner fin a estas cartas de derechos corporativos.”
El informe se puede leer aquí: http://www.tni.org/paraiso-para-contaminadores
Footnotes:
[1] Informe publicado por Corporate Europe Observatory, AITEC, PowerShift y el Transnational Institute.
[2] TTIP: ‘Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión’ entre la UE y los Estados Unidos.
[3] CETA: ‘Acuerdo Económico y Comercial Global’ entre la UE y Canadá.
[4] Vattenfall está reclamando 4.700 millones de euros al Gobierno alemán por la pérdida de ganancias relacionadas con dos de sus centrales de energía nuclear.
[5] Lone Pine está reclamando a Canadá 109,8 millones de dólares, más intereses, por daños y perjuicios.