Nuevos obstáculos para TLC entre Costa Rica y EE.UU.

En el día de ayer, trascendió que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) inició el trámite para determinar si procede la consulta a un referendo vinculante, que de aprobarse estaría realizándose durante el 2008.

El ex diputado José Miguel Corrales, quien presentó hace tres semanas la solicitud ante el TSE para la realización del referendo, dijo ayer a AFP que tras una consulta enviada al departamento de Servicios Técnicos del Congreso -en el caso de que el TLC no tuviera roces con la Constitución- se pasaría a la etapa de la recolección de firmas para convocar a la consulta.

Para realizar un referendo se requiere de al menos el 5% de firmas del padrón electoral, es decir unas 120.000 personas, para lo que se daría un plazo de 10 meses.

Corrales dijo a que si el tratado de libre comercio tuviera roces constitucionales pues tendría que ser modificado, lo que implicaría una renegociación con Estados Unidos que paralizaría el trámite que en el Congreso. De no haber roces constitucionales, tras la recolección de firmas para convocar el referendo, luego vendría una campaña de propaganda de seis meses para promover el "sí" o el "no".

Para ser aprobado en referendo el TLC requeriría del 40% de los votos del padrón electoral, alrededor de un millón de votos, es decir casi el doble de lo obtenido en las elecciones por el actual presidente Oscar Arias, quien patrocina el tratado.

Al ser consultado sobre el tema, el ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias, dijo que consideraba como extemporánea la propuesta de convocar a un referendo, pues "la discusión del tratado en Congreso para la ratificación ya está muy avanzada".

Por otra parte, los opositores al TLC presentaron la exigencia de que la jefa de la fracción legislativa del Partido Liberación Nacional (PLN, oficialista), Mayi Antillón, se abstenga de participar en el proceso de ratificación y votación del tratado.

El Partido Acción Ciudadana y el Frente Amplio, así como dos organizaciones sindicales del sector público, denunciaron que el esposo de Antillón es un abogado que se encarga de patentar marcas de varias empresas transnacionales farmacéuticas, entre ellas, la poderosa Pfizer.

Como el TLC también entra a regular las patentes, lo que tiene relación directa con medicamentos originales y genéricos, los opositores indicaron que si Antillón vota el proyecto estaría violando la ley de enriquecimiento ilícito aprobada hace dos años.

El gobierno espera haber sometido a votación el TLC antes de fines de abril, cuando terminan las sesiones extraordinarias del Congreso.

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