¿Qué implica el libre comercio?

Los tratados de libre comercio se podrían catalogar mejor como una dictadura de mercado. ¿Por qué? Porque se encargan no sólo de asegurar las condiciones para una producción y circulación sin trabas, sino también de que los Estados no puedan modificar dichas normas. Son normas de circulación de bienes y servicios, derechos que deben ser garantizados a las empresas y sus inversiones, y reglas de contratación por el sector público.

Ministros del gobierno uruguayo vienen diciendo al respecto del TLC con EE.UU. que “no importa el nombre” y que simplemente se trata de una profundización del comercio. Pero un tratado justamente es más que un acuerdo comercial porque fija límites al accionar de los Estados, impidiendo así políticas que podrían llevar a cabo por carriles distintos a los trazados por el neoliberalismo. Su objetivo es netamente político pues definen a priori qué preceptos económicos se tienen en cuenta y qué opciones tiene un gobierno para incidir en la economía.

No todos los TLC son iguales pero sí siguen ciertos criterios en común. En particular los tratados que EE.UU. ha venido impulsando luego de que desistiera de crear un tratado continental (ALCA) siguen un mismo formato. Las áreas incluidas son: comercio de bienes, comercio de servicios, disciplinas comerciales, medidas sanitarias y fitosanitarias, temas laborales y ambientales, compras del sector público, propiedad intelectual, transparencia y solución de controversias.

En el comercio de bienes apunta a quitar trabas a las exportaciones e importaciones en los países integrantes. Esto representa una oportunidad para ciertos sectores exportadores pero aborta cualquier intento de desarrollo industrial para países atrasados como el nuestro, ya que la libre competencia -sin protecciones ni subsidios- hace imposible el fomento de nuevas áreas productivas.

El comercio de servicios es muy importante. En el modelo neoliberal se considera todo como una mercancía. Incluye a la educación, la salud, el agua y otros temas que según este modelo deberán ofrecerse en competencia. En la práctica significa privatización, porque si bien un tratado no limita la participación estatal sí exige desmonopolizar. Entonces el Estado debe postergar sus políticas sociales so pena de dejar de ser competitivo.

En cuanto a las compras del sector público -tema que se incluye en el presente tratado- los Estados están obligados a comprar al mejor oferente, no importando el país. Así, se anularía la política que el Estado uruguayo aplica ahora de elegir empresas nacionales si no superan por más de un 10% a la mejor oferta. Como vemos, es una restricción más a las políticas de fomento que pueda implementar un gobierno.

El ítem de propiedad intelectual implica reforzar la protección de derechos de patentes y extenderse a nuevos productos. En el tratado actual, se pretende extender el tiempo de las patentes de 50 a 70 años, hacer patentables a las plantas y aboga por la exclusividad de los datos de prueba de farmacéuticos y agroquímicos de 5 a 10 años, lo que dificulta la aprobación de medicamentos y productos genéricos equivalentes.

Para la solución de controversias se plantean mecanismos por los cuales una empresa podría demandar al Estado por coartar el libre mercado, ya sea por establecer un monopolio, otorgar subsidios o producir genéricos. Estos mecanismos quitan autonomía a los gobiernos y llevan las decisiones más lejos de los pueblos que podrían presionar por sus intereses. El gobierno del país más fuerte puede entonces ejercer su influencia sobre estos tribunales para regular las leyes de los demás países.

Un tratado de libre comercio no representa ningún beneficio para la mayoría de la gente. Como declara la Red de Economistas De Izquierda del Uruguay (REDIU), en Uruguay un TLC “beneficiaría a un reducido sector exportador”, y más importante aún: “ningún país en la historia del capitalismo se desarrolló a partir de la apertura de su comercio exterior y, menos, frente a la potencia dominante en su momento”.

Los dos ejemplos exitosos que se suelen citar son los de Chile y México. Para ambos ha habido un aumento en las exportaciones pero eso no se tradujo en una mejora para el resto de la sociedad. En México podemos ver el caso de las maquilas. Grandes fábricas con condiciones laborables terribles, que simplemente ensamblan o manufacturan a partir de importaciones para volver a exportar.

Una cosa es segura: para los trabajadores ningún beneficio vendrá de un TLC. Por el contrario, puede ser un camino por el cual limitar derechos conquistados por los trabajadores, porque esos derechos son “una traba para la inversión”.

Estos tratados tienen todos que ver con la ideología neoliberal. Defienden, a través del pacto entre Estados, los intereses de las empresas de los países imperialistas y de algunos capitalistas locales. Por eso ningún tratado es bueno, sea con EEUU, Japón, China o Brasil. Y los trabajadores deberemos resistir estos intentos de la clase capitalista por acumular cada vez más ganancias a costa de nuestros derechos.

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