Sindicato se pronuncia contra el TLCAN
12-8-09
Sindicato se pronuncia contra el TLCAN
Desde que se estableció el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), los sindicatos universitarios democráticos e independientes, de Canadá, Estados Unidos y México, vimos con preocupación los efectos perniciosos que traería consigo. A 15 años de vigencia del TLCAN, los efectos han tenido un impacto catastrófico para los profesores, estudiantes y gremios, y para la sociedad en general. En pocas palabras, el tratado ha vulnerado drásticamente el derecho social a la educación, por el efecto de los recortes presupuestales, el proceso de privatización abierta, gradual o indirecta de la enseñanza y los servicios educativos colaterales, los cambios en los contenidos y programas, incluida la investigación científica para fines eminentemente empresariales, la imposición de exámenes o únicos de admisión, lo cual trae consigo la exclusión de miles de jóvenes estudiantes, y el proceso de certificación de profesiones para el intercambio de servicios profesionales en los tres países. Ejemplo nefasto de la aplicación de las políticas educativas neoliberales es la que hacen desde 1989 las principales autoridades de la Universidad de Guadalajara.
El TLCAN, siguiendo los lineamientos del Consenso de Washington, del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, constituye una palanca para el establecimiento de un modelo de desarrollo de altísima polarización social y, por ende, de grandes y graves problemas, contradicciones y conflictos sociales que hoy percibimos claramente. Se estableció un nuevo modelo educativo sustentado en principios mercantilistas y enajenantes en el marco de un proceso de acumulación de capital mundial con efectos muy perversos en los países neocoloniales como México. Es decir, el TLCAN tiene como fundamento la mundialización del capital en un marco neoliberal, que está causando verdaderos estragos para la mayoría de la población trabajadora mexicana, donde la educación no será entendida ya como un derecho social, justo y legítimo, factor de desarrollo económico, de construcción identitaria nacional, de ampliación de espacios democráticos y de participación social, política y cultural.
El Sindicato del Personal Académico de la Universidad de Guadalajara (SPAUdeG), como miembro de la Coalición Trinacional en Defensa de la Educación Pública, se manifiesta enérgicamente en contra de este tratado y demanda una profunda revisión de su contenido que beneficie, en efecto, a las grandes mayorías trabajadoras de sus países. La reciente cumbre trilateral realizada aquí en Guadalajara mostró una vez más que la intención de los respectivos gobiernos no es la búsqueda del bienestar de la población sino la continuidad de la aplicación irrestricta de las políticas neoliberales cuya lógica económica es la ganancia máxima del capital donde el mercado constituye el fundamento del crecimiento económico, pero de un desarrollo social excluyente. La posibilidad de una revisión del Tratado, y revertir la profunda crisis educativa y cultural, solamente será posible en el marco de una profunda transformación política democrática en cada uno de los países, la cual podrá impulsar un verdadero modelo educativo para el bienestar real de su población mayoritaria.
El SPAUdeG reivindica el espíritu de la Declaración de Toronto (2003) de la Coalición Trinacional:
La educación es un derecho humano fundamental.
La educación debe seguir siendo un servicio público gratuito, no una empresa privada.
La educación es un bien público, no una mercancía a ser negociada para las ganancias de gobiernos nacionales o estatales o por organismos multilaterales.
La educación debe financiarse completamente por el gobierno y bajo control democrático para alcanzar equidad.
El plan de estudios debe ser respetuoso, democrático y satisfacer las necesidades del la comunidad –niños, jóvenes y adultos.
La educación debe respetar la diversidad cultural y promover igualdad entre y dentro de los países. Los gobiernos no deben usar recursos públicos para financiar a escuelas o universidades privadas.
La educación no se debe incluir en el Área de Libre Cambio de las Américas (FTAA), ni en el Acuerdo General en Comercio de Servicios (GATS), u otros acuerdos comerciales, porque es un derecho social, no una mercancía.
El gobierno debe mantener la capacidad de regular el interés público y de mantener o ampliar los servicios públicos.
Atentamente
Román Munguía Huato Secretario de Relaciones Sindicato del Personal Académico de la Universidad de Guadalajara
