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Tensión en Costa Rica por leyes CAFTA

San José/AFP, 5/22/2007

Un conjunto de leyes complementarias al tratado de libre comercio (TLC) con Estados Unidos, cuya aprobación busca acelerar el gobierno del presidente Óscar Arias, provoca controversia en Costa Rica donde la oposición amenaza con impedirla, incluso con un boicot legislativo.

El TLC será sometido a un referendo en septiembre, pero el Gobierno, que defiende la ratificación del tratado, quiere adelantar la aprobación de 13 leyes llamadas “de implementación”, que son indispensables para la entrada en vigor del acuerdo.

Ottón Solís, líder del opositor Partido Acción Ciudadana (PAC), la segunda fuerza en el congreso, pidió al presidente Arias detener la discusión de estos proyectos, al argumentar que “son parte inseparable del TLC y corresponden íntegramente a la ideología plasmada en el TLC”.

“No sería honesto y menos democrático poner a decidir al pueblo sobre el TLC y al mismo tiempo mantener el conocimiento del TLC o de esa agenda de implementación en la Asamblea Legislativa para que 57 personas sean las que decidan”, expresó el dirigente político en una carta enviada al gobernante.

Solís advirtió que, de insistir el Gobierno en su intención de aprobar las llamadas “leyes paralelas”, el PAC recurriría “a todas las herramientas institucionales que nos permite el reglamento legislativo para impedir que siga el engaño al pueblo”.

Ayer, el ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias, dijo que “la realización de esta amenaza implicaría la paralización del primer poder de la República (el Congreso) y, consecuentemente, la postergación de decisiones que el país espera hace mucho tiempo”.

“Secuestrar la agenda legislativa es una negación de las más elementales reglas de la convivencia democrática”, afirmó el ministro y hermano del presidente Arias. La agenda de implementación contempla, entre otros aspectos, la apertura de los monopolios estatales de energía, telecomunicaciones y seguros; un convenio internacional de obtenciones vegetales; así como reformas al Código Penal y a las leyes de propiedad intelectual.


 source: La Prensa Gráfica