Costa Rica ante la amenaza de perder sus derechos sociales
Por Betania Artavia, marzo 20, 2007
La mayor preocupación del diputado Román Solís, del Partido Acción Ciudadana (PAC), es que con la aprobación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, las clases media y baja se verán afectadas por la eliminación de los subsidios en las tarifas eléctrica, telefónica y de seguros, pues al abrirse la competencia el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) deberá subir la tarifa mínima al menos al costo y no subsidiarla, como en la actualidad, así lo explicó durante su visita a DIARIO EXTRA.
¿Qué opinión le merece la resolución de la Sala IV sobre el trámite seguido con el TLC en el Congreso?
– Me parece que sucedió lo que debía suceder porque el procedimiento fue incorrecto. Pero aquí hay algo muy importante y es que yo siento que nosotros con mucho menos recursos y mucho menos gente y trabajando sin hacer un entorpecimiento al estilo de los libertarios en cuanto a mociones de ese tipo sino de calidad, hemos logrado exponer el asunto. El gobierno decía que entre noviembre y enero se votaba y ya estamos en marzo y ahora dicen que será en agosto.
¿Tiene otras implicaciones el pronunciamiento de la Sala sobre el 41 bis?
– Claro. Hay otro elemento del que los costarricenses no tienen conocimiento y es que el artículo 41 dice que no se pueden pasar por el trámite rápido los proyectos de reforma constitucional, creación de nuevos impuestos, fijación de penas privativas de libertad y los referidos a la aprobación de los tratados regulados por el artículo 7 de la Constitución. Esta ultima parte fue la que quisieron eliminar con el 41 bis y su propuesta busca que se elimine lo regulado por el artículo 7 de la Constitución. Ese artículo dice que los tratados públicos, los convenios internacionales y los concordatos debidamente autorizados por la Asamblea Legislativa tendrán desde su promulgación o día que ellos designen autoridad superior a las leyes y requerirán la aprobación de la Asamblea Legislativa por votación no menor a las tres cuartas partes de la totalidad. Esto quiere decir que el pacto de los 38 está reconociendo abiertamente que el TLC afecta la integridad territorial o la organización política del país y por lo tanto se requieren 43 votos para su aprobación. Esto vuelve la polémica de cuántos votos se requieren para aprobarlo.
¿Desde su perspectiva cuál es el principal perjuicio que puede acarrear el TLC a la sociedad costarricense?
– Son varios. Por ser agricultor me interesa el impacto en la agricultura. Se ha venido diciendo una verdad a medias cuando dicen que somos ganadores y que exportamos $3 en productos agrícolas e importamos $1, como dice la propaganda oficial. La realidad es que son $2,6 y no $3 lo que exportamos por cada $1 que importamos, pero no dicen que hace cinco años exportábamos $5 por cada $1 que importábamos, o sea que hemos ido para atrás.
¿Cómo va a afectar al sector agrícola?
– Ellos dicen que para 2013 los países ricos van a quitar los subsidios a la exportación y eso es cierto porque representan un porcentaje muy bajo del subsidio total, el más importante es el de la producción y eso no han dicho que lo quitarán sino que es un tema que está en discusión en la OMC y en la Ronda de Doha. Vea un ejemplo, Estados Unidos le dio una cuota sin condiciones ni aranceles a Costa Rica para exportar 1.600 toneladas de queso blanco desde 1999 y han pasado siete u ocho años y lo más que hemos llegado a cubrir es la cuarta parte de esa cuota, y con todas las condiciones, porque el precio al que se puede vender allá es de $2 (¢1.100) el kilo, es mejor venderlo aquí en cualquier pulpería o en la feria del agricultor. Para mí eso es un adelanto de lo que va a suceder con el TLC porque no podemos competir si ellos subsidian su producción, por eso mismo no hemos podido entrar a México. El gancho para el tratado con México fue que el sector lechero se iba a salvar porque México es el primer importador mundial de leche y no hemos podido exportar ni una gota de leche. Pero Costa Rica es un mercado muy atractivo para Estados Unidos porque tenemos un consumo cuatro veces mayor al resto de Centroamérica, un tico se toma en leche lo que se toman cuatro centroamericanos. Nosotros tenemos asegurado un 93% del consumo interno y eso deberíamos haberlo defendido porque si no podemos exportar, con solo el mercado interno asegurado sería suficiente. Lo mismo pasa con azúcar, ganado y otros productos.
¿Además de la parte agrícola en qué otros aspectos afecta el TLC?
– Está el tema de propiedad intelectual porque si bien puede ser que no afecte los actuales, sí afectará a los próximos y las enfermedades cambian y las medicinas también deberán hacerlo, y aquí es donde les va a afectar la propiedad intelectual, que además no va a ser solo para medicamentos sino también con agroquímicos y para procedimientos quirúrgicos. Hay otros temas sumamente perjudiciales, como el de los seguros, que no debió discutirse una ley de seguros al calor de un TLC que no tomó en cuenta una serie de consideraciones y fue negociado por personas que no son expertas en ese campo y por ejemplo no excluyeron los seguros transfronterizos y el resto de Centroamérica sí lo hizo. No queda garantizado tampoco el financiamiento de los bomberos, ni se valoró la parte de la seguridad social del INS, como el de riesgos del trabajo que cubre a los trabajadores en caso de accidentes laborales, y el seguro obligatorio de vehículos, que es solo una pequeña parte del marchamo y es la que garantiza que el INS pague la atención médica de las personas involucradas en un accidente. No hay nada que dé más seguridad que la salud y esos seguros se van a ver afectados por la apertura porque el Estado ya no los va a poder controlar ni subsidiar.
¿En cuanto al ICE cómo cree que le afecte?
– Me preocupa el hecho de que las tarifas de Costa Rica son las más bajas del mundo y hay un elemento de carácter social muy importante y es el consumo mínimo, que es subsidiado para casi un 84% de la población, y eso desaparecerá con la apertura porque no se va a permitir ningún tipo de subsidio. Actualmente la tarifa residencial mínima en Costa Rica es de $3,75, mientras en el resto del mundo lo menos que se cobra es $14 porque con ese mínimo los operadores se garantizan la operación de la empresa, el resto es ganancia, pero en el caso del ICE la tarifa mínima es subsidiada, por eso aquí todo el mundo tiene teléfono residencial y celular. El 16% de los usuarios consume menos de $3,75, que es el mínimo, son familias que tienen el teléfono solo para una emergencia porque su condición económica no les permite hacer un gasto mayor. El resto hasta el 84% consume entre $3,75 y $10, lo que quiere decir que también está subsidiado por el 16% de los clientes que consumen más del mínimo y con eso el ICE cubre la diferencia del resto de los usuarios.
¿También las tarifas de celular se verán afectadas en la misma medida?
– Claro, porque en Costa Rica la tarifa mínima es de $6 por 60 minutos, pero en el resto de América Latina donde hay competencia resulta que el mínimo no baja de $30, entonces la opción que tienen para los pobres es el teléfono de tarjeta. Pero en la mayoría de países la tarjeta de $5 alcanza para 12 minutos, sale a $0,40, y además a veces le ponen plazo, y si no se gasta en 15 días la pierden. Por eso en países como Colombia, Chile y Panamá uno ve gente en las esquinas de las calles con un montón de teléfonos porque agarran una tarifa de altísimo consumo y en vez de cobrarle $0,40 le cobran $0,20, es un mercado persa, es como los taxis "pirata". Vea este ejemplo de Panamá: Movistar es el nombre comercial de Telefónica de España, En Telefónica la opción más barata para lo que no es tarjeta es $34 por hasta 500 minutos, ¢17.600 en nuestro caso. Si los gasta le salió a $0,17 el minuto; cuanto menos gaste le sale más caro. En Costa Rica está como a $0,06 el minuto y el mínimo es $7, por eso aquí todo el mundo anda teléfono, por eso los peones andan teléfono. Esto implicaría que un tico debería pagar como mínimo ¢17 mil para tener un teléfono celular como los de hoy y no de tarjeta. Si quiere una tarifa parecida a la de Costa Rica debe irse al paquete de $57, donde lo obligan a consumir ¢33.200 en llamadas en un mes, generalmente hay contratos de dos años y si los incumplen el depósito se pierde y es muchísimo más alto que en Costa Rica. Por eso en esos países no hay filas, las personas no pueden tener un teléfono. Además en América Latina no ha habido competencia porque el 84% del mercado se ha dividido entre dos empresas: Telmex de México y Telefónica de España, y ellas se ponen de acuerdo. En una ocasión estaba yo en Chile hace como cinco años, un país con una inflación del 1,5% anual, las tres empresas se pusieron de acuerdo y subieron el 20% de las tarifas y nadie podía hacer nada, aquí pueden hacer lo mismo.
Quienes están a favor del TLC dicen que hay una diferencia porque en América Latina ha habido privatización y aquí habrá apertura, por eso no será lo mismo. ¿Es eso cierto?
– Lo mismo que se quiere hacer en Costa Rica se hizo en Uruguay, ahí conviven las empresas estatales con las privadas. Lo hizo hace diez años y resulta que mientras el mínimo residencial en Costa Rica es $3,60, en Uruguay es $6,70, es decir $3 más tendría que pagar. Esto es más de ¢1.600 sobre la taifa mínima actual y Movistar no lo brinda porque lo que le interesa es montarse en el sistema, no asumir los servicios de baja ganancia. Y la ley vendrá a obligar al ICE a prestarles la infraestructura que ya tiene a todos los operadores privados, como quien dice hacer pública la inversión y privatizar la ganancia. El minuto celular en Uruguay anda entre $0,21 y $0,34 y en Costa Rica cuatro veces menos. En Internet pasa lo mismo, allá está en $0,33 y aquí en $0,19. El sistema de mensajes por celular, que ahora está tan de moda en Costa Rica, allá anda entre $0,037 y $0,04, unos ¢20 el mensaje, y en Costa Rica vale ¢1,50. Estas tarifas aumentarán si se aprobara el TLC. Uno ve cómo definitivamente se van a afectar las tarifas por la eliminación de los subsidios porque no le permitirán al ICE mantener las tarifas bajas y lo van a obligar a eliminar algo que es un salario social, que ha ayudado a compensar la inflación. Es igual que el subsidio en electricidad, aquí los que consumen menos de 200 kilowatts tienen una tarifa subsidiada por los grandes consumidores.
