Clima y medio ambiente

Los acuerdos bilaterales de comercio e inversión están conectados a algunos de los más serios crímenes ambientales y obstaculizan las acciones necesarias para enfrentar el cambio climático.

Se usan para facilitar y proteger los proyectos mineros a gran escala, la exploración y extracción de combustibles fósiles, la construcción de represas y el desarrollo de infraestructuras y con frecuencia causan estragos en el ambiente. De Alaska a Australia, las comunidades locales enfrentan deforestación, contaminación del agua, el colapso de las pesquerías y una disrupción climática que puede rastrearse a los proyectos de inversión o a los programas de desarrollo que fueron financiados, diseñados o recibieron el respaldo de tratados o acuerdos de libre comercio (TLC), o acuerdos bilaterales de inversión (TBI) negociados entre dos o más gobiernos.

Los TLC comúnmente incluyen capítulos que garantizan el acceso de combustibles fósiles como el petróleo y el gas a los inversionistas —y a materias primas como minerales y madera. Por ejemplo, al presente, la Unión Europea negocia una actualización de su acuerdo comercial con Chile, y el acceso a las reservas de litio chilenas es clave para los europeos. La Unión Europea propuso un capítulo sobre energía y materias primas que señala que “ninguna parte impondrá un precio a sus exportaciones de bienes energéticos o materias primas a la otra parte que sea mayor al precio que se cobra por esos bienes en el mercado interno”. Por más de 25 años el capítulo de energía en el TLCAN original, que aplicaba para el comercio de bienes energéticos entre Canadá, México y Estados Unidos, facilitó comerciar con combustibles fósiles ambientalmente riesgosos y obligaba a Canadá a mantener una cuota fija para la exportación de bienes energéticos, incluidos el petróleo y el gas, a Estados Unidos. Este tipo de reglas expanden los mercados de la energía sucia y promueven los proyectos extractivistas que ocasionan directamente el cambio climático.

Los TLC disparan el cultivo intensivo que es uno de los principales provocadores de la crisis climática. Por ejemplo, los acuerdos de comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, y con el Área de Libre Comercio Europea podrían disparar más exportaciones de carne de res, maíz y soya [soja] de Latinoamérica a Europa, lo que generaría un incremento significativo en las emisiones de gases con efecto de invernadero. Estos acuerdos amenazan con potenciar la expansión de los agronegocios en Brasil, lo que tendría severas repercusiones para las regiones del Cerrado y la Amazonía. Es común que la deforestación abra espacio para la producción de mercancías agrícolas de exportación. Las consecuencias sobre la crisis climática resultan desastrosas. Otros países enfrentan problemas semejantes, sobre todo en Asia y África.

Las amplias protecciones a quienes invierten, incluidas en los TLC y los TBI, presentan también graves amenazas a la justicia climática y ambiental. Las reglas de inversión en los TLC y los TBI conceden derechos expansivos a las corporaciones multinacionales a expensas del bienestar público y el ambiente. Es común que establezcan mecanismos de solución de disputas inversionistas-Estados (ISDS) a los que los inversionistas extranjeros pueden recurrir si consideran que un cambio en las políticas públicas, como alguna nueva restricción en la extracción de combustibles fósiles o algunas nuevas regulaciones sobre una mina, violan alguno de sus amplios derechos de inversionistas. Con el ISDS un inversionista extranjero puede evadir a las cortes judiciales internas del país, y atraer su caso a alguno de los tribunales de arbitraje con tres magistrados privados que no se sujetan a los precedentes legales o a ningún sistema de apelación, y demandar que se le compense (con dinero de los contribuyentes) por las ganancias que hipotéticamente habría ganado si no se hubiera alterado la política pública. Es frecuente que estos cambios en las políticas se dirijan a la protección del ambiente o a poner en efecto políticas climáticas apropiadas.

Y aunque el sistema de arbitraje de disputas ha existido por décadas, su uso por parte de las corporaciones ha aumentado. A la fecha, las multinacionales, incluidos los gigantes de la energía como Exxon Mobil, Shell, Chevron y BP, han lanzado 1200 casos contra 100 gobiernos haciendo uso de esta previsión incluida en los TLC, los TBI y el Tratado sobre la Carta de la Energía. Los inversionistas extranjeros han lanzado más casos ante el ISDS en cada uno de los diez últimos años que en las primeras tres décadas del sistema ISDS combinado. Crecientemente, las corporaciones utilizan el mecanismo ISDS que contienen estos acuerdos de comercio e inversión para impugnar las políticas climáticas y ambientales. De hecho, cerca de un tercio de todos los casos ISDS surgen de inversiones en generación de energía, minería, suministro de energía, y extracción de petróleo o gas. Los objetivos de anteriores casos de ISDS han incluido una moratoria a la fractura hidráulica en Quebec, una eliminación gradual de la energía nuclear y nuevas normas para las centrales eléctricas de carbón en Alemania, una eliminación gradual de la energía de carbón en los Países Bajos, una orden judicial para pagar por la contaminación en la Amazonia ecuatoriana, un requisito para remediar las emisiones de las fundiciones de metales tóxicos en Perú, y una orden judicial para cerrar una mina peligrosa en Tailandia.

En 2022, por vez primera, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático alertó que los acuerdos de comercio e inversión que incluían el mecanismo de ISDS comprometían la acción en favor del clima. Otro estudio de 2022 calculó que los gobiernos podrían enfrentar querellas equivalentes a 340 mil millones de dólares por cancelar proyectos de combustibles fósiles sujetos a tratados con cláusulas ISDS.

Además, un principio arraigado del paradigma del libre comercio es que los gobiernos no pueden privilegiar a los proveedores de bienes o servicios locales frente a los extranjeros. Ha habido una serie de casos en la Organización Mundial del Comercio (OMC) que cuestionan las normas de “compra local” en los programas de energías renovables. Japón y la UE han recurrido a la OMC para eliminar la norma de “compra local” en Ontario, Canadá, de su histórico programa de energía limpia, y Estados Unidos ha impugnado normas semejantes en el programa de energía solar nacional de la India. Estas normas también se encuentran en los acuerdos bilaterales de comercio e inversión, socavando las iniciativas locales que construyen economías sostenibles.

El modelo neoliberal, conducido por las corporaciones que promueven los TLC, amenaza nuestra capacidad para reforzar las economías locales, promover una sobriedad energética y lograr la soberanía alimentaria. Si hemos de enfrentar la crisis climática y otras crisis ambientales, no podemos sino insistir en la necesidad de cambiar el sistema. Esto significa producir y utilizar productos y servicios, desde la comida hasta el transporte y la energía, a nivel local en un modo que esté arraigado en las economías locales. Pero nada de esto ocurrirá a menos que frenemos los poderes y privilegios concedidos a las corporaciones a través de los acuerdos de comercio e inversión.

última actualización: Julio de 2022

Fóto: Texaco’s signature - Lago Agrio por jgomba (CC BY 2.0)