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Firma la solicitud para que el Gobierno se retire de tratados que permiten que Colombia sea demandada ante tribunales diseñados por y para favorecer a las transnacionales

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Photo : The Páramo of Santurban is the source of clean drinking water for two million Colombians. Canadian miner Eco Oro is suing Colombia after its Constitutional Court decided that no extractive activities could take place in the area (Rafael Ayala Castillo / CC BY-SA 4.0)

Por Organizaciones de Colombia e internacionales | Febrero 2023

Recuperemos la soberanía de Colombia en defensa del agua, la vida y los territorios

FIRMA la solicitud para que el Gobierno se retire de tratados que permiten que Colombia sea demandada ante tribunales diseñados por y para favorecer a las transnacionales
Hoy necesitamos tu apoyo para que Colombia recupere su soberanía y proteja sus aguas y territorios amenazados por los tribunales de las transnacionales.

La presente declaración es impulsada por una coalición de comunidades afectadas y organizaciones sociales nacionales e internacionales, que pedimos al gobierno de Colombia revisar integralmente y retirarse de tratados que permiten demandas de empresas multinacionales mineras como Glencore y las canadienses Eco Oro, Galway Gold y Red Eagle ante tribunales diseñados para favorecer sus intereses incompatibles con los derechos humanos y la protección del ambiente. Estas demandas o su simple amenaza pueden ir en contra de las leyes, políticas públicas y decisiones judiciales que necesitamos para enfrentar la crisis climática, salir del extractivismo y construir el camino hacia la transición energética con justicia social y ambiental.

¡Apóyanos con tu firma ! y conoce la declaración en inglés, francés, alemán

Conoce más :

Estas demandas multimillonarias que se pagan a las transnacionales con el dinero de todas y todos se derivan del mecanismo de Solución de Controversias Inversionista – Estado (SCIE, o ISDS, por las siglas en inglés de Investor-State Dispute Settlement), incluido en Tratados de Libre Comercio y Tratados Bilaterales de Inversiones, que permite a los inversores extranjeros demandar unilateralmente a los Estados cuando estos, legítimamente y en cumplimiento de sus obligaciones, adoptan cambios normativos, regulatorios, y políticas públicas o cuando decisiones judiciales fallan en favor de derechos de comunidades y de la protección de ecosistemas esenciales para la vida.

Según cifras de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, hasta finales del primer semestre de 2022, se registraron 12 demandas en curso y 7 más en etapa previa, por un valor estimado de 9.8 billones de pesos que tendríamos que pagar las y los colombianos por defender nuestra agua y territorios.

Estas demandas provienen de empresas transnacionales de cinco países : EEUU, Canadá, Reino Unido, Suiza y España. La mayoría son empresas extractivas, las cuales frecuentemente utilizan este mecanismo para presionar a los gobiernos cuando adoptan reformas en favor de sus pueblos y el mundo. Por lo tanto, urge revisar y renunciar a este mecanismo de arbitraje diseñado por y para las empresas transnacionales, especialmente si el país busca reformar su código minero, prohibir el fracking e implementar otras políticas a favor de la vida y hacer frente a la crisis climática.

Un informe del grupo de Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas afirmó que las obligaciones de proteger los derechos humanos son incompatibles con estos tratados de inversión y sus tribunales, y recomendó a los Estados renegociar o salirse de dichos tratados. Por todas estas razones, varios gobiernos del sur y norte global han hecho esto justamente.

Ahora mismo hay en curso una demanda contra Colombia de la multinacional Glencore, dueña de la mina de carbón Cerrejón, que pretende obligar al Estado a pagar una millonaria indemnización debido al fallo de la Corte Constitucional, en favor de los derechos del pueblo wayuu. Este fallo, suspendió fundadamente la expansión de uno de los tajos de la mina de carbón a cielo abierto en La Guajira para la protección del arroyo Bruno, fuente de agua fundamental en la región.

Otro ejemplo de este abuso de poder de las trasnacionales es el de Eco Oro, empresa canadiense que buscaba explotar oro en el Páramo de Santurbán, y que demandó a Colombia por 736 millones de dólares pues, gracias a la movilización popular, se puso freno a dichas pretensiones que amenazaban uno de los ecosistemas más importantes del país. El tribunal de arbitraje falló en contra de Colombia bajo el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Colombia. Al día de hoy, sin embargo, no se conoce el monto definitivo que se tendrá que pagar. Otras dos canadienses demandaron por el mismo motivo.

Estas demandas son un chantaje a los gobiernos y debilitan los esfuerzos de las comunidades que buscan defender y proteger legítimamente sus derechos al agua, a un ambiente sano y a la autodeterminación frente a los abusos y graves violaciones de corporaciones que permanecen en la impunidad. Por esta razón, hacemos un llamado al presidente de Colombia, Gustavo Petro, a la vicepresidenta, Francia Márquez, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, al Ministerio de Ambiente, al Ministerio de Minas y Energía, al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y al Ministerio de Relaciones Exteriores a revisar los Tratados de inversión que incluyen este mecanismo y a retirarse de este sistema injusto, arbitrario y colonialista.

Por todas las razones expuestas, solicitamos al gobierno :

1. Iniciar una revisión integral de los Acuerdos de Inversión y Tratados de Libre Comercio que contengan el mecanismo de solución de controversias inversionista – Estado, con el fin de denunciar, renegociar o rescindir urgentemente todos los acuerdos internacionales de inversión existentes, con el fin de eliminar el mecanismo SCIE. De esta forma, es posible rescatar la soberanía del Estado para regular en interés del ambiente y del pueblo colombiano, defender la independencia y rol del sistema judicial, así como respetar la autodeterminación de los pueblos indígenas y demás comunidades que buscan justicia y rendición de cuentas antes los daños ambientales y violaciones de sus derechos.

2. Denunciar el Convenio del CIADI y promover el uso de la justicia nacional para la resolución de disputas entre inversor y Estado.

3. No firmar nuevos tratados con cláusula de protección de inversiones y mecanismo SCIE.

4. Entrar en una moratoria antes de volver a firmar o a ratificar más acuerdos internacionales de inversión.

5. Centrar sus esfuerzos en crear mecanismos vinculantes de rendición de cuentas y responsabilidad de las empresas, fortalecer obligaciones de planes de cierre, restauración ambiental y reparación integral a las víctimas de abusos empresariales de transnacionales. En ese sentido, el gobierno de la Potencia Mundial para la Vida, debe liderar la negociación del Tratado Vinculante sobre Empresas y Derechos Humanos en la ONU que obligue a las empresas transnacionales a rendir cuentas por sus impactos en los territorios y a reparar los daños que provocan, en concordancia con las propuestas de los pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades campesinas a decidir sobre sus territorios.

Conoce el documento completo que dirigiremos con tu firma al Gobierno Nacional de Colombia en este ENLACE.
¡Apóyanos con tu firma ! y conoce la declaración en inglés, francés, alemán

#NoMásTribunalesDeAbusoTransnacional

Súmate a la lista de organizaciones que impulsa la Declaración y que asegura su entrega al gobierno próximamente en una misión internacional :

Colombia

Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP)
Comité para la defensa del Agua y el Páramo de Santurbán
Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” – CAJAR
Grupo de Investigación en Derechos Colectivos y Ambientales -GIDCA- de la Universidad Nacional de Colombia
Semillero de Investigación en estudios sobre minería, de la Facultad de derecho y ciencias políticas de la Universidad de Antioquia
Asociación MINGA
Asociación Unidad Campesina de Santander
Bakata- Escuela Popular Ambiental y Cultural de P.A.
Central Ecológica de Santander
Comité ambiental de Piedras Tolima
Colectivo Animalista de Tibasosa “MascoTiba” Tibasosa-Boyacá
Comité Medioambiental Cali Comuna 22
Corporación Casa Amazonia – Mocoa Putumayo
Corporación Colectivo CreAcción
Corporación Grupo Semillas
Corporación para el Desarrollo Sostenible y el Patrimonio Cultural ACCION VIVA Fundación de mujeres tejiendo vida
Instituto Nacional Sindical – CEDINS
Junta de acción comunal del pedral – Santander
Movimiento Alianza por el Agua
Movimiento Social en defensa de los Ríos Sogamoso y Chucuri-Movimiento Ríos Vivos
Observatorio VigíaAfro
Red de Acueductos comunitarios de Moniquirá
Red de Mujeres en Defensa de la tierra y la Autonomía
Rebelión o Extinción Bogotá
Sabiduria Ambiental
Unión de Ciudadanas de Colombia – Capítulo Antioquia
Veeduria alerta ambiental
Plataforma América Latina mejor sin TLC (Regional)
Accion Ecológica (Ecuador)
Asamblea Argentina mejor sin TLC (Argentina)
ATTAC Argentina (Argentina)
Asamblea Jachal No Se Toca (Argentina)
Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (Argentina)
Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo SJ” – CSMM (Ecuador)
Comisión DDHH Quilpue (Chile)
Fuerza Socioambiental en Defensa de los Territorios (Chile)
Instituto de Estudios Ecologistas del Tercer Mundo (Ecuador)
Mujeres de Zona de Sacrificio en Resistencia Puchuncaví Quintero (Chile)
Movimiento Chao Pescao (Chile)
Movimiento de Pobladores Organizados (Chile)
Mujeres en Resistencia (Chile)
Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio – RMALC (México)
Red de Estudios y Empoderamiento Afrodescendiente (República Dominicana)
Red de Información y Acción Ambiental de Veracruz (México)
Slow Food comunidad Guasco Resiste (Chile)
Center for International Environmental Law – CIEL (EEUU)
Global Justice Now – GJN (Reino Unido)
Institute for Policy Studies – IPS, Global Economy Program (EE.UU.)
London Mining Network (Reino Unido)
Mining Watch Canada (Canadá)
TerraJusta (Bolivia/Reino Unido)
Transnational Institute – TNI (Países Bajos)
alterNativa Intercanvi amb Pobles Indígenes (Catalunya)
Amazon Watch (EE.UU.)
Asociación de estudiantes y creadores colombianos en Francia-COLCREA (Francia)
Asociación Millaray (España)
Both ENDS (Países Bajos)
Common Frontiers (Canadá)
Comité Pour les Droits humains en Amerique Latine (Canadá)
Carrefour d’animation et de participation à un monde ouvert, Québec (Canadá)
Decolonial Centre (Brazil/Sudan/UK)
Informationsgruppe Lateinamerika – IGLA (Austria)
Fresh Eyes (Reino Unido)
ONG AFRICANDO (España)
PowerShift e.V. (Alemania)
¡Apóyanos con tu firma ! y conoce la declaracón en inglés, francés, alemán


 source: Cajar