Ojo con el TPP
Ojo con el TPP
Por Catalina Hernández, 1-6-15
La preocupación y el interés de Chile frente a una revisión directa del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos conlleva descubrir un tratado que, a la fecha, aún sigue avanzando y desarrollándose de manera desconocida para la población y la clase política que busca visualizar los daños de un acuerdo que nunca ha sido claro ni transparente.
El Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica es el tratado de libre comercio multilateral del que nadie tiene idea por su secreta negociación entre los mandatarios de Estados Unidos, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Malasia, Brunei, Singapur Vietman, Canadá, Mexico, Perú y -no podía faltar- Chile.
El tratado pasa una arrolladora por el comercio de lácteos, la regulación laboral, los derechos de autor, las patentes, inversiones estatales e incluso hay parámetros que afectan el medio ambiente entre sus casi 30 capítulos de negociación.
Estados Unidos es lógicamente el principal interesado en concretar todos los puntos del acuerdo de libre comercio multilateral (TPP). Fuera de los beneficios o daños que nos podría traer el tratado debemos conocer aristas que van mucho más allá de un intercambio entre los países que firmen.
El drama se extiende más allá de eso. De hecho, las inversiones estatales, el derecho a la salud y hasta nuestros derechos como navegadores en la red se verán afectados y más que eso, atacados.
Hay que tener presente que los datos e informaciones que conocemos del TPP vienen de textos oficiales que se filtraron. Eso nos dice que el tratado nos limita a opinar o criticar ya que los ciudadanos no tendrán voz ni voto en el desarrollo del TPP.
El acuerdo entre países compromete derechos de los consumidores que van desde el acceso a la salud, la cultura y hasta los derechos humanos en Internet.
Juan Carlos Lara, abogado de la Universidad de Chile y miembro de la Organización Derechos Digitales conversó con El Ciudadano y señaló que TPP es un tratado de libre comercio impulsado por Estados Unidos que trata de fijar nuevas reglas internas sobre un sinnúmero de materias, incluyendo inversión, la regulación del trabajo, del medio ambiente, la propiedad intelectual e incluso del comercio electrónico entre otros.
“Este tratado, que tiene el fin de establecer nuevas reglas para el micro comercio, en realidad significa mucho en otras materias. El problema es que se está discutiendo en secreto, a puertas cerradas desde hace 5 años y eso significa aislar del ámbito democrático decisiones importantes sobre la política pública y sobre legislación interna”, dijo el jurista.
Agregó que esta clase de tratados “se negocia a puertas cerradas porque su contenido puede ser profundamente impopular, y en parte porque la agenda que promueven es una servicial a algunas industrias del primer mundo, especialmente aquellas que quieren proteger su mercado e impedir el surgimiento de economías competitivas”.
Asímismo, según Lara, “mantener la negociación en secreto impide que otras personas puedan tener alguna clase de influencia sobre el proceso relegándolo exclusivamente al mundo político y a quienes tienen acceso a él, que particularmente no es la población ni la ciudadanía, sino que son economistas y miembros de ciertas industrias (gente con buenas conexiones)”.
Respecto a Internet, el abogado destacó que “lo más relevante es que este tratado aumenta los derechos de propiedad intelectual y busca que los proveedores de servicios en línea ejerzan una labor más activa impidiendo que los contenidos que “pirateen” contenidos de Hollywood puedan seguir difundiendo esos contenidos”.
En definitiva, buscarían que los proveedores de servicios de Internet se conviertan en policías de contenidos y que de esta forma la ciudadanía tenga siempre que estar pagando para hacer uso de obras o bien que no pueda hacer uso de las mismas.
Lo que se lograría es que todos estos actos, a menudo inocuos del uso de obras ajenas (por ejemplo ponerle música a un video), sean actos que no lleguen a la red, es decir, que sean filtrados antes de que cualquiera pueda hacer una reclamación, y las grandes industrias mantengan un control férreo sobre ese contenido a pesar de lo que las herramientas tecnológicas permitan.
“Lo que puede hacer la ciudadanía es ejercer presión sobre quienes tomen las decisiones, es decir, que la gente busque respuestas en el mundo político por una parte la sociedad civil organizada ha tratado de ser partícipe de este proceso, yendo al Congreso, comunicándose con personal de la DIRECON (quienes negocian el tratado) y también en el mundo entero se trata de contactar a los legisladores para que esta clase de negociaciones no se sigan produciendo a puertas cerradas y sin la intervención pública”, manifestó Lara.
La parte más importante de procesos como este en cuanto a la participación ciudadana pasan por mantener a una ciudadanía informada y participativa, es decir, que vayan hacia quienes se presentan (legisladores) y demuestren su posición ante el tratado en términos de contenido que afecten a los derechos de las personas.
Lamentablemente los canales de información son limitados, todo lo que sabemos actualmente sobre el TPP ha nacido a partir de filtraciones (Wikileaks) y profundamente en forma reciente gobiernos como el chileno han estado permitiendo leer parte del texto pero de manera limitada y sin la capacidad de incidir respecto a su contenido.
Para el representante de Derechos Digitales, “la mejor forma de participar es primero buscando la información que está en línea pero exigiendo más información de los gobiernos o bien de aquellos representantes que tienen el poder de fiscalizar dentro del gobierno (diputados), en ese sentido la participación sigue siendo la herramienta más eficaz para que la ciudadanía no quede excluida de los procesos que determinen cuáles son sus derechos en el futuro”.
En relación al proyecto que buscaba transparentar el tratado y su posterior rechazo por medio de la votación de parlamentarios, Lara explicó que aunque sea lamentable el rechazo, la verdadera actitud del legislador es diferente ya que existen acuerdos no muy distintos al que se rechazó que fueron aprobados en el Senado pidiendo transparencia por parte del Gobierno. “Que se haya rechazado en esa instancia no significa que a los parlamentarios no les importe sino que es algo más circunstancial. Aún así sigue instalada la inquietud de cuál es el verdadero alcance que tiene el tratado en las políticas internas y futuras de Chile”. concluyó el experto en leyes.
La problemática con el TPP es técnica y política, por un lado se ha podido analizar los alcances por medio de la filtración de textos y organizaciones sociales que levantan alertas alrededor de todo el mundo en cuanto al impacto que tendrá el tratado para el desarrollo económico de nuestros países en temas como el medio ambiente, comercio electrónico, el rol de las empresas del estado, derechos de la salud, el acceso a medicinas o la propiedad intelectual.
En nuestro caso (y el de otros países) Internet es un espacio de disputa ya que el organismo regulador (Estadounidense) es más fuerte que las peleas negociadoras de países con poder económico más limitado en la arena internacional.
Cabe señalar que ni Estados Unidos parece adherirse a un modelo diferente al de una negociación cuyo éxito al parecer está dirigido por acuerdos arancelarios bilaterales entre potencias económicas (EEUU y Japón), antes que los intereses comerciales de países en desarrollo con características e influencias diferentes como Chile, México o Perú.
Nuestro país aún aparece con un actor aislado en la negociación ya que es el único país de la mesa que ya posee acuerdos con cada uno de los países. Cualquier negociación adicional para Chile significaría renegociar los tratados que ya se encuentran vigentes, sin considerar, por supuesto, la poca decisión y participación de los representantes en los congresos nacionales por el mecanismo de certificación que propone que la implementación del tratado será supervisada únicamente por Estados Unidos.
Catalina Hernández
El Ciudadano
