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Tres mineras canadienses mantienen juicio contra el Estado colombiano

Por Paloma Martínez Méndez | 21 de agosto

Tres mineras canadienses mantienen juicio contra el Estado colombiano

Según la Agencia Nacional de Defensa Jurídica de Colombia, en marzo de 2023 había 14 casos abiertos contra Colombia y 8 en fase de prearbitraje, por un total de 17 883,56 millones de dólares canadienses reclamados por empresas transnacionales.

Tres de las empresas que están llevando a juicio al gobierno colombiano son canadienses.

Las empresas mineras de oro canadienses Eco Oro Minerals, Red Eagle y Galway Gold demandan al Estado colombiano por las ganancias que perderán como consecuencia del establecimiento de medidas de protección ambiental, logradas tras las denuncias y vigorosa movilización del Comité por la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán.

Cuestionado por RCI sobre este tema, el Comité afirma que la empresa canadiense Eco Oro Minerals no ha realizado el cierre técnico de minas, generando una contaminación con tóxicos como el mercurio y arsénico en el agua que consumen más de 1.500.000 personas de la ciudad de Bucaramanga en Colombia.

«Es como si las fuentes que proveen el agua a una ciudad como Montreal estuvieran contaminadas con tóxicos por culpa de un proyecto minero extranjero, y encima de esto fueran demandados por 796 millones de dólares al no permitir un daño más grande.»
Una cita de Juan Camilo Sarmiento, portavoz del Comité por la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán

En 2016, la empresa minera canadiense Eco Oro Minerals presentó una demanda de indemnización contra Colombia a raíz de una serie de medidas normativas adoptadas por el Gobierno para proteger el ecosistema del páramo. La empresa alegó que las medidas privaron a Eco Oro de sus derechos mineros en virtud de un contrato de concesión de 2007 para la exploración y explotación de metales preciosos y minerales asociados.

La empresa alegó que Colombia incumplió sus obligaciones en virtud del Tratado de Libre Comercio (TLC) por la expropiación ilegal e indirecta de su inversión y por no conceder a la inversión de la empresa el nivel mínimo de trato.

Eco Oro Minerals solicitó una indemnización de 696 millones de dólares estadounidenses. En la demanda la minera canadiense alegaba que Colombia había infringido el artículo 811 del TLC, relativo a la expropiación, así como múltiples aspectos del artículo 805, relativo al nivel mínimo de trato de los extranjeros según el derecho internacional consuetudinario, incluido el trato justo y equitativo y la protección y seguridad plenas.

En 2021, la mayoría del tribunal encargado de resolver el litigio Eco Oro Minerals contra Colombia se pronunció a favor de una violación de la norma mínima de tratamiento, y afirmó que una excepción general relativa al medio ambiente no excluye la obligación de pagar una indemnización.

Con respecto al Proyecto Soto Norte de la empresa Aris Mining, también canadiense, el grupo civil argumenta que además de "estar destruyendo el agua y demandando al Estado Colombiano", las actividades de explotación de la minera canadiense podrían generar un desabastecimiento de agua.

"No queremos más proyectos mineros canadienses que dañan el agua, ni demandas que saquean a Colombia", indicó Sarmiento.

Por su parte, Viviana Herrera de MiningWatch Canadá explicó que cuando se concluyó el nuevo Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Canadá y Estados Unidos en 2018, la ministra de Finanzas de Canadá, Chrystia Freeland, celebró la eliminación del mecanismo de arbitraje Inversionista-Estado (ISDS, por sus siglas en inglés) como un logro para la soberanía canadiense ya que regula el interés público y protege la salud pública y el medio ambiente.

«Canadá debería apoyar los esfuerzos para eliminar el ISDS de todos sus acuerdos internacionales de inversión, incluido con Colombia, donde las empresas mineras canadienses están socavando las protecciones necesarias para el agua y los pueblos afectados.»
Una cita de Viviana Herrera, coordinadora del Programa para América Latina - MiningWatch Canadá

Según Juan Camilo Sarmiento, del Comité por la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, el arbitraje supranacional impuesto en el TLC entre Canadá y Colombia "es muy violento".

«Chantajea a las instituciones para que no protejan el agua y el ambiente, y amenaza la vida de los defensores de derechos humanos en Colombia, pues estos son señalados de ser responsables de las demandas multimillonarias contra el Estado.»
Una cita de Juan Camilo Sarmiento, portavoz del Comité por la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán

El 15 de agosto, la Misión Internacional para #StopISDS presentó su informe final Frenemos las Demandas de Transnacionales en el que rechaza la forma en que las empresas extranjeras demandan judicialmente a Colombia por miles de millones de dólares y hace un llamado a la administración de Gustavo Petro para que se retire de este "injusto sistema de protección a la inversión extranjera".

«Fuimos testigos de cómo este sistema permite la impunidad empresarial y amenaza la realización y defensa de los derechos humanos y medioambientales fundamentales de los colombianos. También observamos cómo este sistema interfiere en la independencia judicial, la regulación medioambiental y la soberanía nacional.»
Una cita de Extracto del informe

La misión, que incluyó representantes de organizaciones sociales y ambientales de ocho países de Europa y América, visitó Colombia entre el 22 de mayo y el 1 de junio de 2023.

Canadá tiene una fuerte presencia en el sector minero de Colombia

Un análisis de Peace Brigade International-Canada destaca que de acuerdo al Ministerio de Recursos Naturales de Canadá, en 2019 unas 23 empresas mineras canadienses tenían activos en Colombia por un total de 1.380 millones de dólares.

Por su lado, la Agencia Nacional de Minería de Colombia informó que las empresas canadienses poseen 42 títulos mineros de cobre, plata y oro.

El Servicio del Comisionado de Comercio, una división del Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá, que apoya a las empresas canadienses, también ha identificado la minería como un área prioritaria que define como un sector donde las capacidades y el interés canadienses coinciden con las oportunidades y la demanda locales.

Este entorno de inversión ha sido moldeado significativamente por el Código de Minas de 2001 (Ley 658/01); el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Colombia, ratificado en 2011; y el Marco de Cooperación en Recursos Naturales, firmado por Recursos Naturales de Canadá y el Ministerio de Minas y Energía de Colombia en marzo de 2016 en la convención de la Asociación de Prospectores y Desarrolladores de Canadá (PDAC) en Toronto.


 source: RCI