TLC y patentes
Pero estas contradicciones solamente se dieron a nivel de funcionarios secundarios del Ministerio de Protección Social. Yo diría que tuvieron suerte, pues el único apoyo que recibieron de su ministro es el de no haber perdido sus empleos. Al ministro de comercio Botero solo le quedó el argumento de acusarlos de deslealtad y, de nuevo como había sucedido un tiempo atrás con algunos gremios económicos, recalcar que las decisiones sobre puntos cruciales del tratado serían políticas y no técnicas, a lo cual el propio ministro (el propio gobierno) asumía la responsabilidad. Uno se pregunta ante quién asume esa responsabilidad, si ante el pueblo colombiano o ante los negociadores norteamericanos. Porque tratar de desleal a un grupo del Ministerio llamado de Protección Social que hace observaciones en defensa de la salud lleva a suponer que las lealtades deben estar del lado de la contraparte.
Se tiene la tendencia a creer -y a informar- que la discusión sobre patentes solamente afectará la producción de medicamentos genéricos, cuando en realidad siendo este tópico muy importante es apenas la punta del iceberg de lo que se nos vendrá en otros aspectos, todos nefastos para nuestra economía y nuestro destino como país.
Es sabido que muchos gobiernos y en particular el gobierno estadounidense, se han convertido en agentes, ya ni siquiera encubiertos, de las grandes empresas multinacionales. Las mesas de negociación terminan siendo parte de los mecanismos de penetración y de obtención de ventajas para tales empresas y en especial el gobierno que las representa recurre a todas las posibilidades de presión a su alcance, que en el caso colombiano no son pocas. Creo que este no es ningún secreto y que el gobierno de los Estados Unidos ni siquiera se molestaría en negarlo. Lo que se debe tener claro es que si se firma un tratado lesivo para el país, la única responsabilidad debe recaer en el gobierno de nuestro país. ¿Pero ante quién va a responder?. ¿Ante un Parlamento que aprueba todo lo que al ejecutivo le interesa?
Visto así el problema es lícito suponer que al gobierno de los Estados Unidos lo que más le interesa es el favorecimiento de sus grandes consorcios industriales. Si a Colombia, Ecuador y Perú le exigen más condiciones que a Chile en el momento en que se empieza a discutir un T.L.C. puede deberse a un elemento común de los tres países: cada uno es partícipe de extensas áreas de la selva amazónica. Y no es secreto que las industrias de bio-tecnología constituyen en este momento las empresas de mayor expansión y que sin ningún recato están dispuestas a apropiarse de la biodiversidad planetaria de la cual la amazónica es la más codiciada. Lo nuevo es que las seis más grandes empresas trabajan en red -holding inédito- intercambiando tecnologías, investigación... y naturalmente métodos de presión. Son como dice N. Mamere “las cabezas de puente del despotismo neoliberal del siglo XXI” (1). Invierten millones de dólares para la manipulación, privatización y comercialización del patrimonio genético e la tierra, puesto que el mercado de la ingeniería genética constituye el más atractivo del comienzo de siglo, pudiendo llegar a varios miles de millones de dólares entre el 2005 y el 2010. Las seis empresas del holding son Monsanto, Avantis, Novartis, DuPont- Pioneer, Astra-Zeneca y Celltech Chiroscience PLC. Tienen como mejor aliado al gobierno de los Estados Unidos, aunque no sería raro que lo tuvieran también en nuestro país. La industria Biotech no solamente incursiona en la elaboración de medicamentos sino también, y a gran escala, en la industria agroalimentaria, la salud animal, el tratamiento de alimentos, tratamiento y manejo de aguas y utilización de microorganismos para diferentes fines. El problema de los medicamentos es pues muy importante pero no único.
A nivel agrícola. La agricultura que utiliza semillas modificadas genéticamente constituye la fortaleza de Monsanto. Ya han logrado invadir millones de hectáreas con semillas de soya genéticamente modificadas tanto en Estados Unidos como en Argentina (Argentina prácticamente se ha convertido en país de monocultivo con alrededor de 15 millones de hectáreas sembradas) y se han visto aparecer miles de “desiertos de soya”, tal como lo ha definido un ecólogo norteamericano, con consecuencias imprevisibles hacia el futuro. Lo mismo está sucediendo con el maíz transgénico en los mismos Estados Unidos y en México. El maíz originario, primigenio de la región de Oaxaca ya se ha encontrado contaminado de transgénicos en alrededor del 5% (2). En el caso de la soya, quienes siembran semillas transgénicas empiezan a depender de la empresa que se las proporciona (Monsanto), puesto que para las nuevas siembras no se pueden utilizar los híbridos que produce la planta y deberán comprarle otra vez semillas a Monsanto. Pero además estas plantas, por tratamiento genético, son inmunes al herbicida Round-up (glifosato) que se utiliza en tales cultivos y que también generosamente se los vende Monsanto. No viene al caso discutir aquí sobre los perjuicios medioambientales y para la salud humana, vegetal y animal que han de traer las siembras con O.G.M., pero es seguro que en poco tiempo nos veremos inundados de cultivos transgénicos después de la firma del T.L.C.
Otras empresas como Novartis y Avantis centran su negocio en la investigación biotecnológica de medicamentos. Aprovechando entre otras cosas el desciframiento del genoma humano han comenzado a producir medicamentos derivados de la bio-tecnología. Sin entrar a discutir sobre la bondad de estas investigaciones o hacia qué tipo de patologías se están dirigiendo, lo más preocupante es el monopolio que se establece con cada nuevo medicamento, valiéndose de la obtención o el reconocimiento de leyes de patente que no existen en nuestra legislación y que el gobierno actual parece sentirse obligado a conceder. J. Sulston premio Nobel por la decodificación del genoma humano (3) habla del problema 10/90 que significa que el 10% de las enfermedades recibe el 90% de los fondos para investigación y el restante 90% recibe el 10% (las enfermedades de los países pobres atacan un número de personas significativamente mayor, pero no son negocio) planteando que “salud y libre mercado son una locura”. Hay de aquí en adelante un proceso de discriminación en el acceso a las nuevas tecnologías no solamente entre países ricos y pobres sino también entre las diferentes capas sociales de los países periféricos. Un ejemplo: un medicamento de biotecnología producido por Novartis para algunos tipos de leucemia, el Imatinib cuesta en este momento en Colombia $6.000.000 para un ciclo de tratamiento. Un paciente que lo necesite solo lo podrá obtener mediante una tutela, siempre y cuando esté afiliado a algún sistema de salud. En Argentina un laboratorio nacional quiso producirlo, pero inmediatamente fue enjuiciado por la multinacional, que ganó el pleito. ¿Cuántos pleitos perderían las multinacionales en Colombia una vez que estemos comprometidos con el T.L.C.? Los grandes consorcios no respetan ni su propio territorio de origen: hace poco surgió un problema en Tillawook, Condado de Portland, la segunda comunidad lechera de EE.UU (4). Por publicidad y “consejos” de Monsanto comenzaron a utilizar la hormona de crecimiento sintética rBST con el fin de aumentar la producción lechera y el crecimiento de los bovinos. La comunidad local se organizó para evitar que se siguiera utilizando la hormona, dados los peligros reales que significaba para la salud humana y animal y obtuvo que se prohibiera su uso en el condado. La contraparte, Monsanto, ha entablado demandas judiciales... contra los productores lecheros que etiqueten sus productos como libres de rBST! Uno se pregunta qué podría pasar en este bendito país nuestro.
Lo de las patentes va mucho más allá de la discusión sobre medicamentos genéricos. “Patentes y privatización de la vida: La industria biotecnológica es uno de los componentes esenciales de la mundialización. Son ellos quienes hacen “evolucionar” el derecho internacional de la propiedad intelectual, obligando a la comunidad internacional a plantearse una cuestión decisiva, ¿quién controlará la biodiversidad?” (1). El debate comienza en 1.971 con la “decisión Chakravarty”. A. Chakravaty, investigador de planta de General Electric solicita en EE.UU. una patente de propiedad sobre la bacteria Pseudomona Transgénica como si ésta fuera de su invención. En realidad, lo único que ha hecho este señor es un desplazamiento de genes de la bacteria existente; no ha inventado nada y sin embargo se protocoliza por primera vez un título de propiedad de invención sobre un ser vivo. A partir de allí, la decisión Chakravanty cobijará en la legislación estadounidense otras formas de vida vegetal o animal que hayan sido sometidas a manipulaciones genéticas. El segundo caso se daría en 1.988 cuando la empresa Du Pont obtiene el monopolio de de la explotación comercial de toda especie animal, ratón, gato o chimpancé, a la cual se hayan transferido algunos genes gracias a un “brevet” depositado por su investigador, el profesor Philipe Lever. “La ingeniería genética no crea nada, solo desplaza”. Sin embargo el complejo genético industrial impondría el acuerdo del Gatt sobre los derechos de propiedad industrial en 1994 mediante un “lobbyng” perfectamente aceitado. En un primer tiempo, 13 grandes firmas se reunieron en el Intellectual Poperty Commitee (I.P.C.) y en 1998 se suma el grupo japonés Keinanren y el europeo Unice para emitir un documento sobre “Disposiciones fundamentales de la protección de derechos de propiedad intelectual” y agrega que “el ejercicio de sus derecho se encuentra obstaculizado por leyes y reglas que limitan el acceso al mercado y a la repatriación de sus ganancias”. Las multinacionales de biotecnología aliadas esta vez a las empresas de informática (I.B.M., Hewlet Packard) obtendrán una victoria sin combate en el seno de los diferentes organismos tipo O.M.C. para que “la protección se aplique tanto a procedimientos de biotecnología como a sus productos, ya se trate de microorganismos, de partes de microorganismos o de plantas”. ¿Quién haría una fuerte apuesta por la oposición de este gobierno a semejante avalancha de intereses?
El asunto de las patentes llega a adquirir ribetes grotescos. El ministro indio de Sanidad, Ambumadi Armados (5), acaba de anunciar que el gobierno creará una “Biblioteca digital de conocimiento tradicional” a un costo de tres y medio millones de dólares, con el fin de evitar que se patenten en occidente los asanas tradicionales del yoga.
Pero si acaso se piensa que el problema de las patentes quedaba ahí, faltaba la última y más perversa fase: el patentamiento de la vida humana. El Nóbel J. Sulston (3) nos cuenta cómo los equipos de investigación que él dirigía para la decodificación del genoma humano en su laboratorio de Cambridge y con otros investigadores de EE.UU. tuvieron que librar una intensa batalla para evitar que la empresa Celera Genomics pudiera obtener la patente del genoma humano, aprovechándose de las investigaciones que esos equipos hacían desde varios años: “una de las estrategias o planes de negocios de Celera era conseguir muchas patentes. Querían patentar genes. Iban a ser los dueños, en el sentido comercial, del genoma humano”. Y más adelante “¿Cómo es posible que permitamos a una empresa estadounidense, a cualquier empresa, decir “soy la única fuente de ADN siempre y cuando usted pueda pagar?”. Dicen que el presidente Uribe piensa que se exagera demasiado con eso de las patentes.
Notas:
1. Noel Mamere. La Fracture Humaine.E. du Seuil. Paris
2. “Le Monde” 06-09-2005
3. J.Sulston. El genoma y la división de clases.Ed. Le Monde Diplomatique. Bogotá
4. "The Seattle Times” 09-02-2005
5. “El Tiempo” 27-10-05
