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Piden a los grupos parlamentarios del Congreso que rechacen el Acuerdo de Inversiones entre España y Colombia

Fotografía aerea del proceso de construcción de la Central Hidroeléctrica Ituango (Svenswikipedia / CC BY-SA 4.0)

Ecologistas en Acción | 6 de abril, 2022

Piden a los grupos parlamentarios del Congreso que rechacen el Acuerdo de Inversiones entre España y Colombia

  • El 7 de abril está prevista la votación en pleno del Congreso de las Diputadas y los Diputados del Acuerdo entre el Reino de España y la República de Colombia para la promoción y protección recíproca de inversiones.
  • Más de 60 organizaciones del Estado español han firmado y enviado una carta a todas las diputadas y diputados pidiendo el voto contrario a este Acuerdo.

Más de 60 organizaciones del Estado español, entre ellas Ecologistas en Acción, han firmado y enviado la siguiente carta a todas las diputadas y diputados pidiendo el voto contrario a este Acuerdo. Para las entidades firmantes, es inadmisible firmar este tipo de acuerdo con un país como Colombia, en que la violencia política y las violaciones sistemáticas de derechos humanos están a la orden del día y en el que precisamente las inversiones españolas han contribuido en muchos casos a agravar esta situación. Impactos negativos de las inversiones españolas, como desplazamientos forzados de poblaciones o acaparamiento de tierras han sido documentados en los casos de megaproyectos como la represa de Hidroituango o la ampliación del puerto de Buenaventura entre otros. Además, las organizaciones denuncian que los mecanismos de proteción de la inversiones garantizan a las empresas españolas una protección suprema a través de tratados y normas vinculantes, mientras que para los derechos humanos y el medioambiente se establecen compromisos voluntarios que carecen de aplicabilidad. El Acuerdo incluye el mecanismo de solución de controversias inversor – Estado (ISDS), que ha causado amplia polémica por su inclusión en otros tratados de comercio e inversiones, que genera asimetrías entre inversores nacionales y extranjeros y restringe la capacidad regulatoria de los Estados entre otros problemas.

A la atención de los grupos parlamentarios del Congreso de las Diputadas y los Diputados

Madrid, 6 de abril de 2022

Estimadas diputadas, estimados diputados:

El próximo 7 de abril está prevista la votación en pleno del Acuerdo entre el Reino de España y la República de Colombia para la promoción y protección recíproca de inversiones.

Las organizaciones abajo firmantes pedimos que voten en contra de dicho Acuerdo. A continuación tres argumentos para fundamentar este rechazo:

La situación de los derechos humanos en Colombia

En lo que va de año, han sido asesinados 48 líderes sociales. Amnistía Internacional y otras organizaciones internacionales llevan señalando a Colombia como el país más letal para los defensores de derechos humanos. Según Indepaz, desde la firma del acuerdo de paz en 2016 más de 1330 líderes sociales y defensores de derechos humanos fueron asesinados. Como parte de la ola de la violencia que vive Colombia han sido asesinados más de 300 guerrilleros desmovilizados y firmantes de la paz. La violencia política y las violaciones sistemáticas de derechos humanos han terminado por estallar en el marco de la represión contra el Paro Nacional de 2021 convocado contra la reforma tributaria, poniendo bajo el foco mediático internacional los esquemas de terrorismo de estado vigentes en el país.

En Colombia se ha documentado una relación directa entre esta violencia y el modelo económico, social, político, institucional y policial-militar del país; ocultando la relación de funcionalidad entre estructuras paramilitares, sicariales, etc. y la guerra permanente de las élites colombianas contra las diversas expresiones políticas y sociales que se oponen a la destrucción de los territorios por el poder político-empresarial, ya sea este local o transnacional.

En este sentido, resulta paradigmático que la Corte Suprema de Colombia ordenase el arresto domiciliario del ex presidente Álvaro Uribe, en el marco de uno de los casi 50 procedimientos judiciales abiertos en su contra, casi todos por vínculos con organizaciones paramilitares.

Empresas transnacionales como Drummond o Coca Cola se han visto envueltas en graves acusaciones de instrumentalización a su servicio de las estructuras paramilitares que operan en el país frente a resistencias comunitarias, sindicales, etc.

Los impactos de las inversiones españolas en Colombia

La situación desoladora, marcada por la sistematicidad de la vulneración de derechos y un largo conflicto armado de casi 60 años, contrasta con la proyección exterior del país de cara a los inversionistas: a ojos de la Unión Europea, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo así como las empresas españolas que protagonizan los flujos de comercio e inversión, Colombia es un escenario de oportunidad.

Los Planes de Acción para la Internacionalización de la Economía Española del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a través de la Secretaría de Estado de Comercio y sus organismos dependientes (ICEX, CESCE y COFIDES) sitúan reiteradamente a Colombia como mercado prioritario, en virtud de indicadores que operan exclusivamente en función de criterios empresariales e intereses económicos y comerciales.

Los gobiernos de Colombia vienen aplicando políticas de liberalización económica y facilitación institucional de las lógicas empresariales. Una economía en constante apertura desde los años 90 del siglo pasado, y que viene padeciendo un proceso ininterrumpido de ajustes estructurales de corte neoliberal. A pesar de la guerra y los crímenes de lesa humanidad cometidos durante décadas se ha hecho “atractivo” el territorio colombiano y sus recursos naturales a ojos de la inversión extranjera.

Un Estado, por tanto, que cumple ampliamente con los parámetros de seguridad jurídica exigida por los inversionistas españoles que se han beneficiado de las violaciones masivas de derechos humanos y derechos económicos, sociales y culturales. Incluso cuando organizaciones paramilitares vehiculizan su control del territorio para favorecer ese desembarco empresarial y eliminar resistencias sociales a transnacionales y megaproyectos diversos. Casos evidentes han sido Repsol, CEPSA, Naturgy (antes Gas Natural Fenosa), el Canal Isabel II o el BBVA.

El BBVA y el Banco Santander han financiado, por ejemplo, el megaproyecto hidroeléctrico Hidroituango en el departamento de Antioquia que ha generado una emergencia social y ambiental y una gran conflictividad. Asociado al proyecto, ocho personas han sido asesinadas en la zona desde 2011 -seis desde 2018- dos de ellas pertenecientes al Movimiento Ríos Vivos Antioquia, que se habían opuesto públicamente a la construcción de la hidroeléctrica. En 2018, más de 13.000 personas han sido evacuadas ante el riesgo de una eventual rotura de la presa. A lo largo de los años se realizaron desalojos forzosos y se provocó la pérdida de los medios de vida de más de cientos de familias de la zona. Las organizaciones sociales denuncian que quienes se oponen a la construcción de Hidroituango han sufrido el abuso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, así como agresiones físicas y psicológicas en un entorno recurrente de amenazas, amedrentamiento y terror.

Hay inversionistas españoles implicados en el acaparamiento de tierras: entre el año 2012 y mayo de 2020, unas 66 empresas -multinacionales, agroindustriales, mineras, bancos- fueron condenadas en 5.611 sentencias a restituir tierra, suspender títulos mineros y anular hipotecas bancarias, en favor de campesinos pobres y comunidades étnicas que habían sido despojadas de sus predios, según la Fundación Forjando Futuros.

Asimismo se ha documentado el incremento de la violencia asociada a megaproyectos, centros de exportación y grandes complejos de infraestructura. Según la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia, la ampliación del puerto de Buenaventura se ha apoyado en desplazamientos forzados de la población de los barrios más deprimidos que circundan el puerto por parte de fuerzas militares y paramilitares, para entregar esos predios a empresas como TCBUEN (filial de la empresa barcelonesa TCB).

Varios casos de violencia contra personas defensoras de los derechos humanos derivan de la oposición al manejo de los recursos naturales como el agua u obras de infraestructura que benefician a empresas transnacionales. Las agresiones individuales implican la vulneración de los derechos a la vida, la libertad y la integridad de liderazgos indígenas y afrodescendientes, comunitarios, campesinos, ambientales, comunales, educativos, sindicales, de víctimas y de población LGBTI, según el programa Somos Defensores.

Los impactos de las empresas e inversiones españolas en Colombia trascienden ampliamente la faceta económica afectando de forma determinante a los ámbitos político, jurídico, ambiental, social, cultural y de género. Se pueden sistematizar así:

  • Concentración económica y control de sectores estratégicos;
  • Destrucción del tejido productivo local, despojo y privatización de bienes comunes;
  • Evasión fiscal, endeudamiento y recortes;
  • División internacional, sexual y racial del trabajo y vulneración de derechos laborales y sindicales;
  • Pérdida de soberanía y capacidad de autodeterminación, déficit democrático y vulneración del derecho a la información;
  • Persecución, represión y violencia organizada;
  • Puertas giratorias, lobby, corrupción, cooptación, compra de voluntades y alianzas público-privadas;
  • Impunidad corporativa y limitación del acceso a la justicia;
  • Criminalización de personas defensoras de DDHH;
  • Deuda ecológica: expolio de recursos naturales;
  • Acaparamiento de tierras y agua y destrucción territorial;
  • Contaminación, pérdida de biodiversidad y emergencia climática;
  • Desigualdad, encarecimiento de bienes básicos y destrucción de modos de vida;
  • Ruptura del tejido social y comunitario, desplazamientos, inseguridad, conflictos y expansión de la economía criminal;
  • Impactos sobre la salud por la contaminación y la privatización de la sanidad;
  • Control de los medios de comunicación, homogeneización del consumo, mercantilización cultural y construcción de ideología;
  • Privatización de la educación y adaptación a los mercados laborales;
  • Vulneración del derecho a la autodeterminación de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la OIT;
  • Racismo, exclusión y criminalización de las personas migrantes y racializadas;
  • División sexual del trabajo, re-hogarización y transnacionalización de cuidados;
  • Precarización de la subsistencia, dobles y triples jornadas de trabajo;
  • Brechas salariales, segregación horizontal y vertical, acoso laboral;
  • Profundización de las violencias machistas por la destrucción del tejido social;
  • Exclusión política de mujeres y personas LGTBIQ+ y violencia contra defensoras.

Las implicaciones del Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones para el Estado de Derecho

Para el gobierno español priorizar la «seguridad jurídica» de los inversionistas se ha convertido en un eje central de su política comercial y de inversión. Como consecuencia de los acuerdos comerciales de la UE y los acuerdos para la promoción y protección recíproca de inversiones así como de las políticas de internacionalización de la economía española, nos encontramos con una enorme asimetría en el plano normativo: el Estado español y los organismos internacionales garantizan a las empresas españolas una protección suprema a través de tratados y normas vinculantes, mientras que para los derechos humanos y el medioambiente se establecen compromisos voluntarios que carecen de aplicabilidad.

El Acuerdo entre el Reino de España y la República de Colombia para la promoción y protección recíproca de inversiones incluye el mecanismo de solución de controversias inversor – Estado (ISDS) que implica peligros tales como:

  • Restricción drástica de la autonomía reguladora del Estado;
  • Cargas presupuestarias por los altos costos legales y las indemnizaciones;
  • Quebrantar el estado de derecho: el trato diferente para los inversores extranjeros frente al resto de personas jurídicas anula la igualdad ante la ley y un acceso equitativo a la justicia. Es un sistema unidireccional, está exclusivamente al alcance de los inversores extranjeros;
  • Falta de imparcialidad e independencia de los árbitros y sus conflictos de intereses al favorecer los intereses de los inversores;
  • Falta de garantías para proteger los derechos humanos fundamentales;
  • Falta de transparencia del procedimiento del arbitraje;
  • No incluye obligaciones para los inversores: el Acuerdo no hace alusión alguna a las obligaciones de los inversores ni a los instrumentos jurídicos con los que se podrían establecer tales obligaciones. No se podría demandar ante dicho tribunal aquellos inversores que violen DDHH, normas de protección social, laboral y ambiental;
  • Permite eludir los tribunales nacionales y europeos;
  • La cláusula genérica de «trato justo y equitativo», potencialmente comodín, es la más peligrosa para contribuyentes y legisladores, y la más usada por los inversores cuando persiguen atacar medidas de interés general;
  • Interpretación arbitraria del concepto de «trato justo y equitativo», como protección de las «expectativas legítimas» de los inversores, crea el derecho a un contexto normativo estable, obligando a los gobiernos a no modificar leyes, reglamentos u otras medidas, incluso a la luz de nuevos conocimientos científicos o de decisiones democráticas;
  • Abuso e inconsistencia en las decisiones arbitrales: permite que árbitros juzguen lo que es legal o no al margen de la justicia ordinaria, casi cualquier ley o medida normativa se puede considerar una «expropiación» indirecta cuando tiene el efecto de rebajar las ganancias;
  • Intimidación, en nombre de la protección de los inversores, a los gobiernos que se ven obligados a pagar compensaciones por medidas legítimas como la protección laboral y de la salud pública o la prevención del daño ambiental;
  • Imposibilidad de apelar un laudo arbitral, lo que atenta contra el derecho a la defensa.

En conclusión, por un lado no existe en Colombia un Estado de derecho mínimamente homologable, dada la sistematicidad de la persecución de la protesta social, la impunidad generalizada para los crímenes de lesa humanidad y el despojo territorial, el carácter endémico de la represión policial y militar, y el papel estratégico del control territorial y poblacional por las estructuras paramilitares en el mantenimiento del modelo de gobernanza político, económico y empresarial del país.

Por otro lado, hay una ausencia de mecanismos de fiscalización, control y eventual sanción por parte del Gobierno de España respecto de las empresas y los inversionistas españoles que operan en Colombia. Dejación de funciones que el acuerdo de inversiones sólo agravaría.

Por todo lo anterior, pedimos su voto negativo a la ratificación del Acuerdo entre el Reino de España y la República de Colombia para la promoción y protección recíproca de inversiones y su Declaración Interpretativa.

Atentamente,

Amigos de la Tierra
Asociación Colectivo BACHUE Elkartea – País Vasco (Euskadi)
Attac España
Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África (CEDSALA)
Colectivo Maloka Colombia
Congreso de los Pueblos – Capítulo Europa
Coordinació Valenciana de Solidaritat amb Colòmbia
Ecologistas en Acción
Entrepueblos-Entrepobles-Entrepobos-Herriarte
Espacio de Coordinación de Plataformas y Organizaciones de Solidaridad con Colombia en el Estado español
Federación española de Ingeniería sin Fronteras
Justícia i Pau Barcelona
La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo (74 ONGD socias, 5 entidades asociadas y 17 coordinadoras autonómicas)
Lafede.cat – Organitzacions per a la Justícia Global (plataforma de segundo nivel con 125 organizaciones federadas)
Lliga dels Drets dels Pobles
NOVACT
Observatori DESC
Observatori del Deute i la Globalització
Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad
Red Kolektiba Colombia – País Vasco (Euskadi)
SOLdePaz.Pachakuti
Taula Catalana por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia formada por: Ajuntament de Lleida, Assemblea de Cooperació per la Pau, Associació Catalana per la Pau, Centre Delàs Estudis per la Pau, Comissió Catalana d’ajuda al Refugiat, Consell Nacional de la Joventut de Catalunya Cooperacció, Entrepobles, Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, Foro Internacional de Víctimas, Fundación Indera, Fundació Pau i Solidaritat – CCOO Catalunya, Intersindical – CSC, Justícia i Pau
Colectiva de Mujeres Refugiadas Exiliadas y Migradas de Colombia en España, La Fà[email protected], Lafede.cat, Lliga dels Drets dels Pobles, Mujer Diáspora, Oxfam Intermón, Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere, REDS, Sindicalistes Solidaris – UGT Catalunya y UNIPAU – Universitat Internacional per la Pau
Voces Humanitarias
Zehar Errefuxiatuekin
Grupo Vida paz y Justicia España


 source: Ecologistas en Acción